Mayor flexibilidad en las ayudas y medidas estructurales

 Publicado el Por Salvador Manjón

Después de la confusión (o perplejidad) que pudiese haber generado la publicación del avance de producción del Ministerio de Agricultura de vino y mosto del mes de noviembre, retirada de su web pocos días después (seguramente por alguna cuestión informática). Los datos del Infovi del mes de diciembre confirman una producción de 28.271.709 hl de vino y 3.678.229 de mosto. Un total de 31.949.938 que supone un 21,2% menos que la ya paupérrima cosecha 2022 que fuera de 40.555.007 Mhl. Con especial incidencia en los vinos tintos que disminuyen un 24’8% frente el 17’7% en el que lo hacen los blancos, o 22’8% de los mostos.

También se mantiene estabilizado el consumo aparente interanual que se sitúa en los 9.637.147 hl, un 0’5% superior a los 9.590.017 del registramos hace un año, pero (ojo) 66.341 hl menos del que tuvimos en el interanual del mes de noviembre. Así como nuestras exportaciones que, en dato, también interanual, pierden apenas doscientos mil hectolitros con respecto al del año anterior y se mantienen en el entorno de los veintiún millones, con una ligera recuperación +1’4% de nuestro principal mercado, la Unión Europea; y unos terceros países (-7’3%) que no acaban de recuperar consumo.

Quizá sea esta fragilidad con la que se está comportando el consumo, en todas sus vertientes (interno, UE y terceros países), junto con los graves problemas de producción a los que nos estamos enfrentando, en algunas zonas, como consecuencia de la profunda sequía. O los bajos precios y una producción con apenas margen; vender por debajo de coste sería ilegal y, por lo tanto, no debería producirse. Aunque no faltan voces que denuncian presiones por parte de algunos bodegueros (sin citar) que les obligan a firmar unos costes inferiores a los que realmente han soportado; y que, lógicamente tendremos que poner en duda ante lo grave que sería. Pero que vendría a incidir sobre la cuestión de actualidad que se refiere a las protestas que están llevándose a cabo durante estos días y que empezaron en Francia, pero rápidamente fueron extendiéndose a toda Europa, también en España y que no sólo cuestionan la enorme burocracia a la que son sometidos los productores, sino también la incapacidad de vender sus productos a unos precios que garanticen una rentabilidad mínima de su actividad y su relevo generacional.

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