LA FEV insta a cualquier viticultor que se sienta afectado por prácticas irregulares en la compraventa de uva a denunciarlo ante la AICA

El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, señala que, en la presente vendimia 2023 en España se espera un resultado de entre 36 y 37 millones de hectolitros, lo que representaría un descenso entre un 15 % y un 20 % “respecto a lo normal”. Califica, con la información de la que se dispone hasta la fecha, de “merma significativa” ese resultado en el conjunto global de España, pese a que, en algunas zonas, como Rías Baixas o Jerez, experimentarán incrementos.

A su juicio, una cosecha baja “nunca viene bien”, pese a que en algunas regiones de España hay en estos momentos un exceso de vino almacenado al que no se le ha podido dar salida y se va a recurrir a la destilación de crisis, así como a la vendimia en verde para no llevar esta campaña a la bodega más uva de la que se puede procesar. “Nunca es bueno porque al final eso tiene una repercusión en los costes del viticultor, que se incrementan por hectárea. Todo el mundo quiere una cosecha normal que te permita elegir calidades”, ha comentado.

Respecto a los precios a los que las bodegas están comprando la uva en esta vendimia de 2023, y que han sido criticados por muy bajos (por debajo del coste de producción) por parte de la práctica totalidad de organizaciones agrarias, Benítez insta a que “cuando un viticultor que proporciona uva se vea afectado o presionado, que lo denuncie, pero no hace falta estar todo el día sacando comunicados de prensa sembrando una imagen que parece que todas las bodegas son malvadas y no pagan la uva”, ha enfatizado.

Ha defendido que las bodegas “de manera abrumadoramente mayoritaria” cumplen la Ley, aunque admite que puede haber “casos puntuales” en los que no se esté cumpliendo la ley y ha animado a los viticultores a denunciarlo cuando suceda, ante las autoridades autonómicas y la AICA.

Al respecto, Benítez ha explicado que muchas de las denuncias de las organizaciones agrarias hacen referencia a estimaciones generales de costes de producción, pero que la Ley de la cadena alimentaria dice que el coste efectivo de producción lo tiene que calcular cada agricultor. En este marco, ha invitado a los viticultores a hacer uso de una herramienta que ha desarrollado la Interprofesional del Vino de España (OIVE) con apoyo de todo el sector bodeguero para que cada productor de uva pueda calcular sus costes.

El representante de la FEV ha recordado también que la ley marca que debe existir un contrato de compraventa de uva en el que debe figurar el precio, por lo que el vendedor saber cuánto le van a pagar antes de entregar su cosecha a la bodega.

Benítez se ha mostrado partidario de que se formalicen contratos a más largo plazo entre las bodegas y los viticultores, “de tres o cinco años” porque da “estabilidad y garantías de que se puede producir”.