Medidas extraordinarias para una situación que se repite

 Publicado el Por Salvador Manjón

Hay muy pocas explicaciones posibles que puedan justificar que, ante una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo, 47,78 M€ procedentes de la Unión Europea para el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola en la UE puedan perderse por falta de aplicación. Tal es el caso de Italia con 16,23 millones de euros sin gastar, Bulgaria 14,47 M€ o Rumanía 10,17 M€, por citar tan solo a los tres primeros. Mientras que en lado de los que más hemos gastado solo nos encontramos los españoles con 2,36 M€ por encima de lo previsto y Austria con 0,35 M€. Y eso, a pesar de que 299,61 M€ tuvieron que ser destinados a financiar las medidas extraordinarias.

Las razones que justifican esta pérdida, a pesar de la flexibilización de la norma aplicada, son fáciles de imaginar: una crisis comercial con Rusia, la elevación de los aranceles por la Administración Trump y, especialmente, la paralización de los mercados y con ellos la necesidad de las bodegas y viticultores de frenar en seco unos planes de inversión que requieren de una alta cofinanciación, en igual o mayor porcentaje del recibido, que, en la actualidad no tienen.

Destinar prácticamente más de una cuarta parte (28,36%) de los fondos a las medidas extraordinarias es una clara evidencia de la situación que vive el sector. Aunque más elocuente resulta la paralización de su actividad comercial, que está llevando a las cotizaciones a una nominalidad preocupante, ante la ausencia de un horizonte a corto plazo que pueda romper la tendencia negativa de los últimos meses e insuflar ánimos a unos operadores que han visto reducirse drásticamente el consumo de sus clientes.

Consciente de esta situación y de lo imprescindible que resultan para la supervivencia del sector las ayudas extraordinarias, la Comisión Europea se ha comprometido a prorrogarlas hasta octubre de 2021. Elevar la cofinanciación a los Planes Nacionales de tal forma que sea menor el porcentaje que las empresas deben aportar y realizar anticipos de pago a los operadores que se acojan a medidas extraordinarias. Todo ello, sin incrementar el presupuesto, por lo que, de facto, supone disminuir las acciones a las que podrán acogerse y el número de beneficiarios. Reemplazando fondos de las medidas “ordinarias” encaminadas a la modernización y apertura de mercados en favor de aquellas otras destinadas a hacer frente a una situación coyuntural excepcional. Ya que, si algo está completamente claro es que la limitación presupuestaria de la PAC impide cualquier amplificación del presupuesto.

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