Galicia se incorpora al IFGC para ofrecer préstamos garantizados de capital circulante a sus bodegas en la campaña 2020/21

La Comunidad de Galicia se ha incorporado al denominado Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), impulsado por el Ministerio de Agricultura (MAPA) para facilitar el acceso al crédito a personas y entidades del medio rural. Se trata de la tercera Comunidad Autónoma en hacerlo, tras Castilla y León y Extremadura. En concreto, el objetivo inicial que persigue Galicia con el IFGC es ofrecer préstamos para capital circulante garantizados a bodegas.

Así lo recoge la Orden de 18 de noviembre de 2020 (DOG) de la Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia, que regula el reconocimiento a las bodegas de esta Comunidad del derecho a préstamos de campaña en el año 2020, garantizados por el IFGC del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 autonómico, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Las ayudas previstas para el año 2020 ascienden a 6 millones de euros, siendo financiadas con fondos comunitarios Feader en un 75%, por la Xunta gallega en un 17,5% y por el MAPA en el 7,5% restante.

El Marco Nacional de Desarrollo Rural, aprobado por la Comisión Europea el 13 de febrero de 2015, incluía, en su apartado 5, un instrumento financiero plurirregional de adhesión voluntaria, destinado a financiar determinadas actuaciones de los PDR, mediante la concesión de préstamos garantizados para su financiación.

Posteriormente, este instrumento se articuló en nuestro país, mediante acuerdos específicos de financiación establecidos entre el MAPA, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y las Comunidades Autónomas (lo han firmado y puesto en marcha solo Castilla y León y Extremadura).

Estos préstamos se integran en un instrumento de garantía de cartera con límite máximo, proporcionando a los destinatarios finales la cobertura del riesgo de impago para cada préstamo.

Los rasgos de la cartera son una tasa de garantía préstamo a préstamo, establecida en el 80%, cuantía a la que hará frente el IFGC ante una primera pérdida, de modo que el 20% del importe impagado será asumido por la entidad financiera concedente del préstamo y el 80% restante por el instrumento financiero, y una tasa del límite máximo de la garantía, establecida en el 20% de la cartera, que es el porcentaje de la cartera que cubrirá el instrumento financiero, limitando el volumen total de préstamos que pueden ser garantizados.

De manera procedimental, el reconocimiento del derecho a estos préstamos garantizados se caracteriza por la participación de las entidades financieras, que deben estar adheridas al instrumento financiero, a través del correspondiente convenio con el MAPA, así como en el caso de Galicia, a un convenio específico con la Consellería del Medio Rural, al ser entidades colaboradoras en la gestión de las solicitudes de reconocimiento del derecho a préstamo garantizado por el referido instrumento financiero.

Mitigar la crisis del Covid-19

En Castilla y León, que es la Comunidad donde más se ha avanzado y desarrollado el IFGC, la Consejería de Agricultura puso recientemente en marcha préstamos destinados a capital circulante, como respuesta a la crisis originada por el Covid-19. Por ahora, se han aprobado 487 solicitudes de préstamos, por importe de algo más de 3,26 M€, de los cuales ya se han formalizado 28 por valor de casi 1,98millones.

Según el MAPA, el IFGC está demostrando, por tanto, su utilidad para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19 en el sector agrario y en el medio rural, mediante la rápida puesta en marcha de préstamos garantizados para capital circulante, sin necesidad de que estén vinculados a inversiones, aliviando la situación de las explotaciones e industrias agroalimentarias, al proporcionarles liquidez para afrontar los gastos de explotación.

El MAPA destaca también que la experiencia pionera de Castilla y León está sirviendo para agilizar y optimizar los procedimientos dentro de un proceso de mejora continua, que también ha servido de inspiración para otras Comunidades Autónomas, caso de Extremadura, que se incorporó al IFG en 2019 para facilitar el acceso a estos préstamos garantizados a agricultores jóvenes, y ahora Galicia, que los utilizará para dar liquidez y circulante a las bodegas, muy afectadas por las restricciones de la demanda de consumo y con el fin de que puedan garantizar el pago de precios justos por la materia prima a los viticultores.

En la gobernanza de este instrumento financiero participan de forma coordinada el MAPA, las CC.AA., las autoridades de gestión de los PDR, las entidades financieras que se adhieren libremente mediante convenio y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), entidad colaboradora del Ministerio de Agricultura.

Según el MAPA, todo apunta a que los instrumentos financieros, como forma novedosa de financiación en condiciones muy favorables, tendrán un peso cada vez más importante en la política futura de Desarrollo Rural, al actuar como complemento a las subvenciones, o independientemente de las mismas, en el próximo periodo de programación de la próxima PAC 2023-2027.