El Constitucional admite el recurso del Gobierno contra el “vino de frutas” de Canarias

 Publicado el Por Alfredo López

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso interpuesto por el Consejo de Ministros del Gobierno, como avanzó la SeVi, contra la disposición de la Ley de Calidad Agroalimentaria de Canarias de 2019, en la que se recogía y regulaba el denominado “vino de frutas”, en concreto el “vino de plátano”. Sin embargo, esta admisión a trámite por el TC no suspende de momento su aplicación.

En una providencia hecho pública el pasado 19 de febrero, el Tribunal Constitucional detalla que el Gobierno considera que el artículo 19 de la citada Ley de Calidad Agroalimentaria vulnera el artículo 149 1.13 de la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”.

Al respecto, el citado artículo cuestionado viene a regular el uso en las Islas Canarias de la marca “vino de frutas”, que permite a las empresas comercializar bajo la denominación de “vino” productos fermentados obtenidos a partir de zumos de otras frutas distintas a la uva, cuando en la ley estatal no está permitida esa definición.

La ley de Calidad Agroalimentaria canaria condiciona esa autorización a que se precise el tipo de frutas con las que se elaboró ese “vino” y a que la graduación alcohólica del producto resultante obtenido esté entre el 5% y el 15%.

Aunque el Gobierno central tiene la potestad de solicitar al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de los preceptos de las normas autonómicas que recurre, en esta ocasión no ha considerado ejercerla.

El Gobierno central basa su recurso en el artículo 2.2 e) de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, que define lo que debe entenderse por el nombre de “vino” en todo el mercado español, limitándolo al “alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva”.

Además, tal y como contempla el artículo 2.3 de la ley estatal, “las definiciones de los productos son excluyentes, no pudiendo utilizarse las respectivas denominaciones más que en los productos que se ajusten estrictamente a la definición”.

Para el Gobierno central, la definición estatal excluyente de “vino” tiene “carácter de legislación básica”, al amparo de la regla decimotercera del artículo 149.1 de la Constitución y, por tanto, las CC.AA. no la pueden contravenir.

Por el contrario, el Ejecutivo canario, que preside Ángel Víctor Torres, acordó también recientemente abrir un litigio judicial contra el Estado ante el Tribunal Constitucional para reclamar que se pueda utilizarse la denominación “vino de plátano”, admitida en citada la Ley de Calidad Agroalimentaria del Archipiélago, considerando que el conflicto competencial es inevitable, dado que las posturas entre el Gobierno canario y el Gobierno central “están muy enfrentadas”.


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