Las incongruencias del sector

Todos los operadores del sector vitivinícola, desde el más humilde de los viticultores, hasta la bodega con mayor capacidad de elaboración, pasando por distribuidores e importadores, están de acuerdo en señalar que si queremos que nuestros productos vitivinícolas se desarrollen y adquieran mayor notoriedad en los mercados y disfruten de precios más altos repartidos a lo largo de toda su cadena de valor es imprescindible regular la producción e intentar limitar al máximo el efecto añada que provocan el clima y las patologías del viñedo.

No es posible que cada año el precio de la uva sea motivo de gran preocupación entre los operadores dada la importante fluctuación a la que está sometido, o que la producción de vino en disposición de los operadores oscile de manera considerable con fuertes dientes de sierra en sus cotizaciones; incluso que sean las propias bodegas las que le hagan el trabajo a la demanda con prácticas de competencia desleal al fijar sus precios en función de lo que ha hecho su vecino y no de sus propios costes de elaboración.

Hasta es frecuente leer y escuchar en los medios de comunicación, hasta en los generalistas donde la información no siempre es tratada con la profundidad que merece para un público totalmente ignorante de las condiciones en las que desarrolla su actividad un sector intervenido y que debe vender sus productos en mercados muy maduros; demandas en la dirección de contar con medidas de regulación que permitan al sector autorregularse. Palabra clave con la que la Administración ha justificado ante el sector su inacción, alegando que debe ser el propio sector el que decida lo que debe hacer y el Ejecutivo limitarse a dotarle del marco legal suficiente para que pueda hacerlo.

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