La Audiencia Nacional ratifica en sentencia la legalidad de la extensión de norma de la OIVE

 Publicado el Por Alfredo López

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La Audiencia Nacional dictó sentencia sobre el procedimiento de recurso ordinario contencioso-administrativo, iniciado por dos bodegas de Rioja, contra el Ministerio de Agricultura y la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), a cuenta de la Orden AAA/1241/2016 de extensión de norma de dicha interprofesional.

En su sentencia ratifica la legalidad de la “extensión de norma” de la norma de la OIVE, que obliga a su cumplimiento por todos los operadores del sector vitivinícola, desestimando, por tanto, la demanda presentada por las citadas bodegas recurrentes.

La demanda presentaba solicitaba la declaración de nulidad de la extensión de norma y, junto a ello, la no aplicabilidad de la misma a los operadores de la Interprofesional del Vino de Rioja o de la D.O.Ca. Rioja, y la no aplicabilidad de la misma a los demandantes.

En otros términos, aunque el fallo de la Audiencia Nacional puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, en principio ratifica la legalidad de la extensión de norma aprobada por la OIV y publicada en el BOE mediante Orden ministerial por el Ministerio de Agricultura y, por tanto, su aplicabilidad también a los operadores de Rioja, como al resto de los operadores del Estado español, desestimando la demanda presentada por las bodegas recurrentes.

A pesar de la existencia de esa vía judicial ante el Tribunal Supremo, la realidad es que no existe jurisprudencia contradictoria similar, que pudiese permitir avanzar en el caso.

Más en concreto, la sentencia de la AN da la razón al MAPA y a la OIVE, en base a la propia normativa que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y en jurisprudencia similar de la misma Sala de la Audiencia Nacional para los casos de sectores, como el cerdo ibérico, aceite de oliva (en dos ocasiones, con ratificación incluso del TS), ovino y caprino de carne, y carne de vacuno.

En su demanda, las bodegas recurrentes expresaban que la OIVE carece de representatividad suficiente para poder llevar a cabo una extensión de norma. Ante esta opinión, la Sala de la AN afirmaba, en cambio que, tomando como referencia otros precedentes, la OIVE cumple con los requisitos de representatividad establecidos en la vigente normativa, en particular teniendo en cuenta el certificado de representatividad de las ramas de la producción (84%) y transformación/comercialización (87%), así como el informe del Consejo General de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, que respaldan lo contemplado en la Orden ministerial AAA/1241/2016.

Para todos los operadores

Por otra parte, la sentencia de la AN declara también que, aunque exista una organización interprofesional específica del vino de Rioja, “la extensión de norma de la OIVE es aplicable a sus operadores, al ser la única organización de vino de España reconocida por la Administración del Estado”.

Destacando, igualmente, que “la Ley 38/1993, reguladora de las organizaciones agroalimentarias, establece la extensión y efectos al conjunto total de los productores y operadores del sector o producto”, por lo que, según la AN, “no admite duda alguna sobre el cumplimiento de la norma por parte del MAPA y la OIVE.”

A finales de 2016, un par de bodegas de la Rioja presentaron un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Agricultura y la OIVE, a propósito de la citada Orden ministerial que regula la extensión de norma de la interprofesional del vino, permitiendo cobrar unas cuotas, tasas o derramas de comercialización de vino envasado y vino a granel a los productores y propietarios mayoristas de vino o mosto del sector vitivinícola español.

Además de lo antedicho, la demanda de estas bodegas alegaba formalmente una supuesta ausencia de comunicación a la Comisión Europea; una supuesta falta de consulta previa a las organizaciones de productores reconocidas, así como una supuesta falta de aporte de actas de las reuniones de la OIVE.

La AN rechaza las dos primeras alegaciones señalando, por un lado, que se informó a la Comisión debidamente y, por otro, se consultó también a las organizaciones de productores reconocidas, a través del sometimiento del proceso de aprobación de la extensión de norma a información pública. Además, por otro, las actas de las reuniones se aportaron en el ramo de prueba del caso, por lo que también se desestimó dicha alegación.

La sala de la AN determina, asimismo, que las alegaciones que los recurrentes realizaron sobre la Memoria técnica y económica de la extensión de norma carecen de fundamento por ser simples desacuerdos con los razonamientos y datos de la OIVE, y no se basan en defectos formales reales de la misma.

Además, añade que, si bien la Memoria pudo contener un error, cuando se atribuyó un control y seguimiento de las aportaciones a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), éste fue subsanado, dado que la redacción actual deja ese control y seguimiento en manos de la propia organización interprofesional.

Por último, la sentencia señala que carece de fundamento la exigencia de los recurrentes de ausencia de Memoria de impacto de género en el expediente, puesto que sí se encuentra en la documentación presentada de la OIV, así como que se vulneren los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, defensa de la competencia y en lo relativo a la cesión de datos (de la AICA a la OIVE), considerando que todos estos principios y derechos se respetaron en el proceso.


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