La Unión de Uniones alerta de la pérdida de potencial productivo vitivinícola

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La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola, considera que el texto recoge parte de los planteamientos que ha ido desgranando a lo largo de los sucesivos borradores (mayor consistencia en los criterios de admisibilidad, consideración de los viticultores en los criterios de prioridad, límites a las hectáreas solicitadas…), pero manifiesta la necesidad de que se consideren “otros principios sobre los que se debería sustentar el sistema de reparto de nuevas autorizaciones”.

Unión de Uniones, quien ya se reuniera con los responsables sectoriales y presentara alegaciones al borrador de este RD, señala su disconformidad en algunos aspectos reivindicados por la organización, como el aprovechar el potencial productivo que tiene el país.

En este sentido, recuerda que el mecanismo de nuevas autorizaciones está limitado anualmente a un máximo del 1% de la superficie vitícola nacional plantada, equivalente a unas 9.500 hectáreas cada ejercicio. Manifiesta que, sin embargo, “el Ministerio, aconsejado por la Organización Interprofesional del Vino de España, señala que se autoricen solo nuevas plantaciones aproximadamente por la mitad de esa superficie, cuando, según Unión de Uniones, no sería ningún problema para el mercado llegar al 100%, máxime cuando el potencial vitícola español se ha reducido en un 18,3 % desde el 2001, con 14.505 hectáreas perdidas por esta vía de limitación a nivel estatal desde el 2016”.

Aclaración de la OIVE:

Al respecto, la Interprofesional salió al paso de esta afirmación y matizó que es “falsa”. Como bien recuerda la OIVE,  la legislación comunitaria y española (Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola) otorga la potestad a las Organizaciones Interprofesionales que operen en el sector de hacer recomendaciones sobre limitaciones a nuevas plantaciones (Artículo 7) o sobre restricciones a la replantación (Artículo 18).

La Interprofesional ejerció esta potestad legítima en el primer año de funcionamiento del sistema (campaña 2016/17), “manifestando una posición prudente ante el nuevo mecanismo para nuevas plantaciones en la que se tuvo en cuenta los derechos de plantación pendientes de conversión en nuevas autorizaciones en aquella fecha”.

No obstante, OIVE sostiene que no ha emitido recomendación alguna al Ministerio en las campañas vitivinícolas de 2017/2018 y 2018/2019 al respecto de la gestión del potencial de producción. “OIVE tiene en cuenta la diversidad del viñedo español con una problemática diferente en sus zonas de producción y muestra, además, el máximo respeto a las recomendaciones que se lleven a cabo por parte de las Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas, según se establece en el mencionado Real Decreto”, apuntan desde la Interprofesional.

CC.AA. y DD.OO.

Por otra parte, según la organización agraria, siguen sin aprovecharse los márgenes de la reglamentación comunitaria que permitirían diseñar políticas vitivinícolas adaptadas a la diversidad del país, regionalizando en la medida de lo posible la asignación de superficies entre las CCAA. Unión de Uniones considera cada territorio debería poderse servir de este mecanismo para desarrollar una política vitivinícola acorde a su modelo de explotación vitícola y de comercialización.

Igualmente, Unión de Uniones considera que la gran mayoría de las más de 90 D.O.P.s existentes en el Estado no se están implicando lo suficiente y siguen sin planificar el futuro de su masa vegetal en parte, según la organización, por la falta de capacidad del Ministerio a la hora de promover estos procesos, con lo cual es de prever que, de nuevo, será exiguo el número de dichas entidades que presentarán limitaciones y restricciones en sus ámbitos territoriales de actuación.

Unión de Uniones valora positivamente que este RD priorice a los agricultores profesionales y aleje a los “paracaidistas” del sector, definiendo unos criterios de admisibilidad más precisos, rigurosos y exhaustivos de cara a demostrar la profesionalidad en el cultivo. Considera también positivo el establecimiento de un límite de 5 hectáreas en la admisión de solicitudes en línea con lo establecido en el Reglamento Ómnibus aprobado el mes de diciembre pasado, lo que supone un reparto más social de la superficie productiva.

Finalmente, a su juicio, el “retraso” con el que se publica la norma deja escaso plazo a las D.O.P.s  para cumplir los tiempos marcados en la presentación de los Estudios que permiten justificar las limitaciones y restricciones de superficies de viña (la OIPVR y la D.O.Ca. Rioja, la D.O.P. Cava,… son “ejemplos palpables”). Unión de Uniones pide al Ministerio la “máxima diligencia” para que no haya “bloqueos en la definición de los marcos legislativos y a las Consejerías una mayor concreción del procedimiento de concesión”.


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