Topic: Estadísticas vitivinícolas

No lo verán muy claro ante la próxima negociación de las futuras perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, cuando las distintas organizaciones que defienden los intereses del sector vitivinícola europeo han pedido a la Comisión que mantenga en la próxima Política Agrícola Común (PAC) los programas nacionales de apoyo al mismo con un presupuesto adecuado.

Así se lo han hecho llegar a Bruselas el Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV), que representa a la industria y al comercio vitivinícola, la EFOW, la Federación Europea que defiende los intereses de los productores de vino de origen; el COPA-Cogeca, que agrupa a las organizaciones profesionales agrarias y a sus cooperativas, y el CEVI, que salvaguarda a los viñedos independientes.

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El 13 de noviembre se ponía en marcha la campaña divulgativa  “Marida Mejor tu Vida con Vino” puesta en marcha por Organización la Interprofesional del Vino de España (OIVE), a la que contribuyen todos los operadores del sector mediante la extensión de norma.

Según dio a conocer la Federación Española del Vino (FEV) recientemente, a nivel cuantitativo, se han conseguido 108 millones de impactos al consumidor final entre todas las líneas de actuación (online y offline) puestas en marcha, superándose las previsiones iniciales. Pero además, se ha analizado el impacto cualitativo de la campaña en los consumidores, que ha alcanzado a un 54% del target (consumidores ocasionales de entre 25-45 años) generando un sentimiento positivo en imagen, actitud y comportamiento.  

Desde el Comité de Marketing de la OIVE se trabaja ya en la planificación de nuevas acciones para 2018, para hacer más cercano y cotidiano el consumo de vino y, sobre todo, rejuvenecer al consumidor.

El Ministerio de Agricultura publicó el pasado jueves 15 de febrero en el BOE una Resolución de la D.G. de Producciones y Mercados, por la que modifica la del pasado 27 de diciembre de 2017 sobre la fijación para este año de las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo en la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) supraautonómica Cava.

En la citada Resolución se indica que las CC.AA. que figuran en el ámbito geográfico de la D.O.P. Cava comunicarán a la citada Dirección General, antes del próximo 26 de febrero, las solicitudes de autorizaciones de replantación o de conversión de derechos de replantación, presentadas hasta el 20 de febrero ante esas administraciones competentes, o antes de esa fecha “cuando las solicitudes presentadas excedan de la superficie total disponible”.

En la documentación, las CC.AA. deben indicar día y hora de presentación, superficie solicitada admisible y NIF del solicitante para que el Mapama comunique posteriormente el orden correspondiente de admisión de las solicitudes “por riguroso orden de entrada, hasta agotar la superficie máxima” permitida, es decir, las 57,4 hectáreas para las peticiones de replantación e idéntica superficie para las de conversión de derechos en autorizaciones de plantación.

Las CC.AA., antes de la notificación de la propuesta de resolución correspondiente, en el trámite de audiencia, aceptarán las comunicaciones de desistimiento de la solicitud que sean presentadas por los ciudadanos o, en su caso, de modificación de las mismas para que la autorización no se refiera a la producción de vinos dentro de la D.O.P. Cava.

En el caso de que se produzca superficie liberada por desistimientos, añade la resolución, la Comunidad Autónoma donde tenga lugar enviará una comunicación sobre la misma a la D.G. de Producciones y Mercados Agrarios del Mapama, a fin de que pueda ser tenida en cuenta en la estimación de solicitudes siguientes por orden de puntuación.

El Mapama recuerda que, el artículo 11.2 del Real Decreto 772/2017, por el que se regula el potencial de producción vitícola, dispone que a cada solicitud de nueva autorización de plantación de viñedo con mayor puntuación se le concederá toda la superficie solicitada, antes de pasar a la siguiente solicitud, hasta que se agote la superficie disponible.

Y si concurre la misma puntuación, y no hay superficie disponible, se distribuye la superficie a prorrata. Ese mismo criterio es el que, por seguridad jurídica, es el que quiere el Mapama aplicar a las solicitudes de autorizaciones de replantaciones de viñedo o autorizaciones de conversión de derechos de replantación que pretenden desatine su producción a la elaboración de vinos con la citada D.O.P. Cava.

Rechazo extremeño

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García, volvió a reiterar su rechazo ante la citada resolución del Mapama de limitar las nuevas plantaciones de viñedo para la producción de uva destinada a la elaboración de cava e insistió en que recurrirán a los tribunales si en un mes no contesta a su requerimiento previo, que se presentó el 29 de enero pasado, antes de acudir a la vía judicial.

En concreto, la intención de la Consejería regional es acudir en mayo a los juzgados de Madrid por la vía contencioso administrativa si no se atiende la solicitud de la Administración extremeña de considerar nula la decisión de limitar las hectáreas de cava este año, tanto por la vía de nuevas plantaciones, como por la de replantaciones y de conversión de derechos.

Según García, “si el Gobierno no contesta antes del 1 de marzo a ese requerimiento, se entiende que hay silencio negativo, tras lo cual hay dos meses para interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que la resolución del Mapama de 29 de diciembre incumple toda la normativa y es “nula de pleno derecho”, bajo nuestro criterio.”

La Junta de Extremadura se opone a los criterios de reparto del Mapama de las “escasas” 57,4 hectáreas autorizadas para nuevas plantaciones en todo el país, dado que había solicitado que no se optase por un único criterio, el del orden de llegada de las solicitudes, para decidir ese reparto de hectáreas, como recoge la resolución publicada en el BOE el pasado 15 de febrero.

Según García Bernal, se concederán las hectáreas al primero que llegue si pide 57,4 hectáreas, aunque indicó que la Junta no entra a valorar el criterio de reparto, sino el fondo, la resolución de limitación de finales del mes de diciembre.

Hay que recordar que la resolución del Mapama de 29 de diciembre aplicaba a la D.O.P. Cava una limitación del 0,52% de la superficie plantada de viñedo, que es el máximo acordado de autorización de nuevas plantaciones de viñedo en el ejercicio de 2018. Esto se traduce en un máximo de 172,2 hectáreas, aplicable a las solicitudes de 2018, contabilizando las peticiones de nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones de derechos de replantación, a razón de un máximo de 57,4 hectáreas en cada caso.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) presentó el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del ejercicio de 2018, cuyo objetivo es la identificación, control y supervisión de la campaña de pagos directos de la vigente Política Agrícola Común (PAC). En el caso del viñedo, cuenta con un total de 2.191.847 recintos, con una superficie de 939.555 hectáreas de este cultivo y de sus asociaciones con otros cultivos.

En relación a la campaña anterior, se da un ajuste del 0,22% y de 4.895 recintos en relación a la campaña de 2017 y, por el contrario, un incremento del 0,37% y de 3.419 hectáreas respecto al año anterior.

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La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de 27 de diciembre de 2017 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija para 2018 un límite de nuevas plantaciones de viñedo a nivel estatal por debajo del máximo permitido por Bruselas.

Unión de Uniones ha presentado este recurso porque considera que con una pérdida de potencial productivo a nivel nacional de 21.943 hectáreas, entre 2012 y 2017, no existen razones para limitar las nuevas plantaciones más allá de lo que autorizan los reglamentos comunitarios.

La organización recuerda que los viticultores se han quedado sin los mecanismos de redimensionamiento de sus explotaciones que permitían tanto las reservas regionales, como la transferencia de derechos, desaparecidos en el actual régimen de autorizaciones de viñedo y que la autorización de nuevas plantaciones es el único medio por el que pueden hacerlo.

Desde que entró en vigor el sistema, España ha aprobado nuevas plantaciones a nivel estatal sólo del 0,44 % de la superficie de viñedo existente, para 2016, y del 0,52 % para 2017 y 2018; cifra por debajo del 1 % que permite la normativa de la Organización Común de Mercados de la UE.  A juicio de Unión se trata de una estrategia errónea, que hacer perder competitividad frente a países como Francia o Italia, que si han aumentado su potencial hasta lo máximo que Bruselas contempla.

La organización ha propuesto al Ministerio por escrito y en las reuniones mantenidas sobre la cuestión, que se fije en el 1% el porcentaje a nivel nacional de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio, y que, por tanto, se procediese a establecer para el año 2018 una superficie de 9.519 ha. Finalmente y dadas las resoluciones en esta materia, Unión de Uniones ha presentado un recurso de alzada, por considerar que no existen argumentos para limitar las nuevas plantaciones al 0,52 % aprobado.

Igualmente, la organización incide en la necesidad de regionalizar el reparto de dicho 1% en las distintas CC.AA. con el fin de permitir que ninguna pierda potencial productivo y se puedan seguir desarrollando algunas regiones que en los últimos años habrían mostrado un gran desarrollo en este sentido.