D.O.P. Cava: Primero el análisis, luego el debate

 Publicado el Por Isabel Vidal

Hace ya unos años que los viticultores participamos en los organismos públicos y privados que gestionan, regulan y deciden sobre nuestra actividad. No todo es fácil ni seguro, pero es necesario estar por el deber y la responsabilidad de ser sector. Tener, aunque solo sea eso, el “pequeño poder” de incidir en la regulación, esencial en una Denominación de Origen, supone una gran responsabilidad y solo con honestidad y hablando claro podremos avanzar.

Dicho esto, querría hablar de lo que está pasando en la D.O.P. Cava. El último año, con información hasta octubre, ha habido un incremento de 2.207 hectáreas de viña inscritas a la D.O.P. Cava. De hecho, haciendo una estimación oficiosa podemos llegar a las 38.000 hectáreas, si no son más, teniendo en cuenta los últimos dos meses del pasado año.

Esto visualiza el éxito de una D.O.P. que desde 2012 muestra un incremento del precio de la uva moderado pero constante, debido a la sequía y a la eficacia de la tarjeta vitícola, que ha motivado la plantación. Hemos de tener presente, no obstante, que el potencial de producción queda enmascarado por la falta de agua que arrastramos desde 2014, que actúa como regulador no invitado. Si hacemos el ejercicio de imaginar un año de “pluviometría normal” (que deseamos que llegue), 38.000 hectáreas con un rendimiento medio de 10.000 kilos/ha supondrían una producción estimada de 334.400.000 botellas, 100 millones más de las que se han comercializado en los últimos años (la media del último lustro se sitúa en el entorno de los 244 millones de botellas).

Cuando en marzo conozcamos las ventas de cava en 2017, que ojalá superen las de 2016, quedará patente que la situación es de una enorme fragilidad que pone en riesgo de devaluación de precios al sector y también de prestigio. Ante esto, no podemos esconder la cabeza bajo el ala. Tenemos las herramientas, no las mejores, pero las tenemos que utilizar.

El nuevo régimen de autorizaciones de plantaciones permite limitarlas si hay un riesgo de oferta excesiva de uva o de devaluación significativa en una D.O. Ante esto, el Consejo Regulador de la D.O.P. Cava, en base a un estudio de las universidades de La Rioja y Rovira i Virgili sobre las posibilidades de crecimiento sostenible de la superficie de viñedo de la D.O.P. Cava, ha presentado cada año al Ministerio de Agricultura una recomendación de limitación de plantación desde 2015. Esta recomendación ha sido desestimada en los dos primeros años y en 2017 se aceptó parcialmente para las solicitudes de 2018.

O sea, un empastre del Ministerio de Agricultura que, en lugar de hacer política agraria, ha hecho política con un tema agrario, intentando conciliar la regulación necesaria defendida por el Consejo Regulador, que es el de todos, con intereses particulares de algunas zonas de la región del cava; unos territorios concretos que ahora quieren ir solos porque creen que la coyuntura política les favorece.

Es necesaria, entonces, una reflexión sobre lo que ha sucedido y plantear cómo enfocar el futuro. En JARC consideramos que este pasa por seguir defendiendo la limitación de plantaciones. También, hay que pensar cómo conseguimos que no decidan por nosotros. Planteémonos nuevos horizontes, como subzonas para reorientar la D.O. (¿cava catalán ecológico?), o si la coexistencia de diferentes denominaciones de origen, que ha permitido flexibilidad al viticultor y al elaborador ante los mercados, no nos ha restado la autonomía necesaria para desarrollar nuestras plenas competencias, dificultando así resolver antes la cuestión. Debatamos, todos, con calma y rigor y, si lo decidimos, juguemos nuestras cartas.


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