COAG-Murcia denuncia que se quiera ‘hacer negocio’ a costa de los agricultores que carecen de agua para regadío

 Publicado el Por SeVi

COAG-Murcia ha manifestado su estupor ante la noticia aparecida en los medios de comunicación de la Región según la cual el grupo Suez, multinacional de origen francés dedicada a la gestión de servicios de agua, electricidad y gas, ha visitado la Región de la mano de Federico Ramos, quien fuera Secretario de Estado de Medio Ambiente, y quiere convertirse en un “operador de recursos hídricos para la agricultura de la cuenca del Segura, justo en el momento que se confirma el estrepitoso fracaso de las políticas de Estado para dotar de agua a los regadíos murcianos y cuando la falta de ese agua pone en peligro toda la actual campaña agrícola en medio de una de las peores sequía de las se tiene memoria”.

La organización agraria insiste en que ha sido la “incompetencia” de las Administraciones y de los partidos políticos lo que “nos ha conducido a la situación de misería hídrica en que nos encontramos por la falta de agua, no por ningún déficit de la gestión de los recursos”. Tanto es así, señala, que siempre se puesto como “modelo” la gestión que del agua se hacía en la Región por parte de los agricultores desde sus Comunidades de Regantes y lo “bien que se utilizaba el recurso, todo ello por el desarrollo tecnológico puesto en marcha por el sector a través de ingentes cantidades de dinero de inversiones de modernización a lo largo de muchos años”.

El pasado 1 de febrero de 2012, el entonces ministro Arias Cañete, en sede parlamentaria (en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados), anunció que ya se estaba trabajando en el nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) que “garantice el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente de manera integral y solidaria”, trabajo encomendado al que era responsable de hacerlo, Federico Ramos, entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, cargo que ocupó desde el 30 de diciembre de 2011, hasta el 19 de junio de 2016 en que paso a ocupar el cargo de subsecretario de Presidencia en el Ministerio que dirige Soraya Sáez de Santamaría, pasando de ahí a la empresa privada.

Según COAG, “nunca más se supo de aquel compromiso hasta que el Gobierno anunció que el PHN se paralizaba de momento por no se sabe qué razones, con lo que terminó la pasada legislatura sin PHN y parece que en la actual, ni está en la agenda ni se le espera”.

El sindicato agrario apuna a que la multinacional Suez “está intentando en las Comunidades de Regantes del Ebro, en Aragón, hacerse cargo del cobro a los agricultores del pago por el uso del agua de riego que hoy realizan a través de dichas comunidades por aplicación de la Ley de Aguas. Lo que, de hecho, significaría poner a disposición de una empresa privada multinacional los datos patrimoniales de los agricultores; cuántas tierras tiene, dónde están, cuál es su valor de mercado, sus cuentas bancarias, etc., datos que hoy están protegidos ya que las Comunidades de Regantes son Entidades de Derecho Público y no pueden hacer usos de ellos, lo que no ocurriría si los agricultores fuéramos clientes de una empresa privada”.

COAG se cuestiona “qué agua gestionarían desde Suez Water Spain”, ya que, destacan, el agua pública es de “obligado cumplimiento” que sea gestionada por el Estado y administrada por las Comunidades de Regantes o, en todo caso, gestionada por las Comunidades de Regantes mediante el mecanismo de Encomiendo de Gestión.

Recuerdan, además, que también es pública el agua desalada y que, en España, no hay más agua privada que la que quedó regulada en las disposiciones transitorias segunda y tercera de la Ley de Aguas de 1986, por la que se respeta durante cincuenta años el uso del agua explotada que existiera antes de la aprobación de la Ley de Aguas, tanto de pozos como de manantiales.

Para COAG, lo que no hace ninguna falta es “contar con gestores privador del agua de riego, sino resolver el problema de la falta de agua para el regadío, por lo que, además de seguir gestionando como hasta ahora el agua de la cuenca y la de los trasvases, la del Tajo y la de otros que fueran posibles, por parte del Estado se podrían construir dos o tres desaladoras para contar con un volumen de unos 300 Hm3·/año, que sean gestionadas por las Comunidades de Regantes, quizá a través del Sindicato Central de Regantes y la Junta Central de Usuarios del Segura, con el uso de energía fotovoltaica para abaratar el coste de su producción, Incluso utilizando para ello la figura de la Encomienda de Gestión a la que antes nos hemos referido”.

Concluyen que, si tras la “renuncia sistemática” de Administraciones públicas y Partidos Políticos de resolver la carencia de agua para el regadío en la cuenca del Segura tras tantos años de “incumplimiento” de sus obligaciones como representantes públicos, permitieran que la empresa privada se hiciera cargo de la gestión del agua pública, “merecerían el desprecio más rotundo de los agricultores y de sus asociaciones representativas, como es el caso de COAG. Por ello, quizá sería oportuno que el famoso Pacto del Agua, que parece ser que está listo para su aprobación en la Asamblea Regional, se ocupare de estos asuntos, entre otros”.

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