El PSOE demanda una ley específica que prevenga y evite el consumo de alcohol por menores y adolescentes

El Grupo Parlamentario Socialista solicitó en la Cámara Alta (Senado) el pasado 14 de noviembre el registro y tramitación de la moción ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para que el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y organizaciones profesionales, y de padres y madres, promueva en el plazo de seis meses una legislación específica que contenga las medidas necesarias para prevenir y evitar el consumo de alcohol por menores y adolescentes.

La iniciativa, promovida por el senador socialista por Granada, José Martínez Olmos, incide otra vez en la necesidad de que nuestro país cuente con una legislación específica al respecto, justificada por “las recientes noticias sobre los efectos del consumo de alcohol en la población adolescente, que han sembrado de preocupación de nuevo a la sociedad española por las consecuencias dramáticas que para la salud de nuestros niños y niñas adolescentes tiene dicho consumo”.

El senador Martínez Olmos señaló que “casos, como el de la joven de 12 años, que falleció hace unas semanas, el pasado 1 de noviembre, de un coma etílico en el municipio de San Martín de la Vega (Comunidad de Madrid), no se vuelvan a repetir”, añadiendo que “estas tragedias nos deben hacer reflexionar y nos obligan a trabajar para evitar que vuelven a suceder casos similares, dado el perjuicio irreversible que el consumo de alcohol produce en la salud de los menores”.

Según el portavoz socialista, “la accesibilidad que los menores tienen al consumo de alcohol hace que este asunto, así como las consecuencias sobre la salud de los mismos, sea un problema de salud pública”.

Se trata, añadió, de “un fenómeno complejo en el que influyen factores sociales o factores educativos, entre otros, al tiempo que elementos que han de regular con eficacia tanto el acceso y venta de alcohol en esta población, como la exposición a la publicidad que sobre los productos de contenido alcohólico reciben los menores adolescentes en su vida cotidiana”.

Pasada legislatura

Hay que recordar que las últimas elecciones legislativas pospuso el desarrollo y aprobación del anteproyecto de ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores y sus Efectos, que había sido propuesto por el Ministerio de Sanidad y que había contado con la participación del Ministerio de Agricultura, dados los intereses que había en juego para una parte de la industria de bebidas alcohólicas, entre ellas la vitivinícola.

El texto legal estaba entonces, en 2015, bastante avanzado y consensuado con los sectores económicos implicados, pero faltó tiempo para que pudiese ser tramitado en el Parlamento, antes de la convocatoria de las elecciones generales del 20 de diciembre.

Desde la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) también se solicitó que esta bebida tuviese un tratamiento específico dentro de la legislación, sin menoscabo de que se garantizase el cumplimiento de los objetivos de la Ley, que le permitiera establece un código de autorregulación propio y obligatorio para todo los operadores del sector, a través de una extensión de norma solicitada por la propia interprofesional.

En este sentido, el borrador de anteproyecto de ley incluía entonces un reconocimiento específico para el vino (junto a las bebidas aromatizadas a base de vino), que se aplicaría en lugar de las restricciones en materia de publicidad y comunicaciones comerciales incluidas en el texto, con una casuística y unos mensajes diferenciados de otras bebidas con contenido alcohólico.

Fiscalidad

Por otra parte, varias organizaciones y asociaciones de la industria de bebidas con contenido de alcohol, entre ellas las del sector vitivinícola, han empezado a cerrar filas ante cualquier pretensión del actual Gobierno de querer aumentar los gravámenes impositivos al sector, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la restauración.

De hecho, en declaraciones a la agencia EFEAgro, el secretario general de la Federación Española del Vino (FEV), Pau Roca, considera que el principal temor que, en general, tiene esta categoría es que el Gobierno decida subir el IVA en la restauración, actualmente en el 10%, lo que repercutirá en un incremento de los precios.

Roca recuerda que a ciertas referencias de Jerez, Condado de Huelva y Levante español de vinos de licor y aromatizadas se les aplica ya un impuesto especial como productos intermedios y que las dudas y el temor están ahora en que el Gobierno pretenda hacer lo mismo con el resto de vinos.

La organización agraria ASAJA, la Asociación de Empresas Elaboradoras de Vermouth  y Aperitivos Vínicos (ANEV) y las patronales de los distintos sectores de bebidas alcohólicas (Cerveceros de España, FEBE, FEV y Fedejerez) participan esta semana en la presentación de un estudio sobre la contribución fiscal que las compañías de estos sectores hacen a la economía española y, lo más probable, es que valoren y cuantifiquen los efectos que una hipotética mayor carga fiscal tendría para las mismas.

Como es conocido, el vino, como categoría genérica y salvo excepciones, está exento de estar gravado con una imposición esencial (la tasa es del 0%) al tener menos de 15º vol. de alcohol, a diferencia de las bebidas de alta graduación, que llega hasta los 9 € por litro de alcohol puro.

Según defienden las organizaciones del sector, no tendría sentido y sería contradictorio e incoherente que ahora se impusiera un gravamen al vino cuando, por otra parte, se están dando fondos públicos para la promoción, modernización del viñedo y mejora de la calidad dentro del Programa de Apoyo al sector (PASVE) y cuando se trata de un producto agroalimentario que forma parte de la denominada Dieta Mediterránea.