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La cara y cruz de la reforma de la PAC

 Publicado el por José Luis (Director de Cooperativas Agro-alimentarias CLM) (colaborador)

En el momento de escribir este artículo (31 de julio), acaba de hacerse público el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Agricultura entre CC.AA. y Ministerio para la aplicación de la reforma de la PAC en España, si bien quedan pendientes por definir importantes temas en los que no ha habido compromiso y que pueden tener suma importancia en el resultado final, especialmente en los ámbitos de los pagos directos y el desarrollo rural. Con la posibilidad de sorpresas, de lo que queda por concretar, podemos ya ver la cara y la cruz de esta reforma.
La cara nos habla de novedades y posibilidades que ofrecen el desarrollo rural y la Organización Común de Mercados Única para la integración y desarrollo de las cooperativas; y en la cruz está la contención de cualquier mejora en el régimen de las ayudas directas, ya que teniendo un modelo francamente mejorable, vamos a emplear mucho tiempo y dinero para crear un sistema que intente dejarlas igual y a perder una oportunidad que solo pasa por nuestra puerta una vez cada siete años.
En lo que concierne a la cruz, todos nos felicitábamos de las conclusiones contenidas en la comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo, titulada “La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentarios”, en la que se establecía que la débil presencia de los productores en la cadena de valor era la causa fundamental de su continuada pérdida de renta.
Buenos diagnósticos, pero ineficaces tratamientos, haciendo un símil médico. Dos años después, donde dije “digo”, digo “Diego”. Y en España, salvo por los que entendemos que la verdadera política agraria debe tener como fin la mejora constante del sector agroalimentario (no confundiéndola con el mero reparto presupuestario), el objetivo de la mayoría de las administraciones, incluso de organizaciones agrarias, ha sido, textualmente, “minimizar los efectos de la convergencia interna de las ayudas y evitar transferencias de importes entre agricultores, ganaderos y territorios”.
No es que desde Cooperativas tengamos el objetivo de que haya trasvases, pero sí de que se mejore la situación actual en el reparto de ayudas. Si el principio que guía las decisiones es, fundamentalmente, garantizar la actual situación, es muy difícil obtener mejoras sustanciales, desaprovechando una nueva oportunidad de evolución.
Retroceso en el sector del vino
Finalizando con los pagos directos, y por la relevancia del sector vitivinícola en nuestra región, consideramos que no ayudará a su mejora el que se haya acordado transferir, de forma definitiva, los 142,749 M€ del programa de apoyo al vino al régimen de pagos directos. Empleamos un presupuesto que se podía dedicar a cambiar las estructuras para incrementar en un porcentaje ínfimo los derechos de pago básico en toda España. Además, ahora que se abre la promoción del vino a países miembros de la UE, se necesitarán más fondos para promoción, y no todo lo contrario. Nuevamente, ha primado en los responsables “dar pescado, antes que enseñar y ayudar a pescar”.
Afortunadamente, “no solo de ayudas directas vive la PAC”, y en esta mesa de tres patas hay dos que creemos mejoran la situación actual: la OCM única y el desarrollo rural. Aunque tendremos que estar preparados para solventar ciertos “peligros” de nuevos instrumentos, que bien usados pueden propiciar mejoras, pero que si no se utilizan adecuadamente pueden traer al sector agrario regional grandes inconvenientes y distorsiones. Así ocurre con las Organizaciones de Productores (OP) y las atribuciones que se les otorgan.
Organizaciones de Productores
Estas OP pueden realizar ciertas actuaciones en caso de perturbaciones graves de mercado. Además, pueden generar extensiones de norma para que todo el sector de un área determinada realice contribuciones económicas para una serie de fines e incluso se establece que los acuerdos entre agricultores, asociaciones de agricultores y Organizaciones de Productores estarán exentas de las normas de competencia en temas de producción, venta de producto, almacenamiento o transformación (no fijación de precios). Esto abre un abanico de posibilidades de mejora.
Desgraciadamente, no se ha incorporado que las OP tengan que concentrar oferta y comercializar. El Ministerio ha acordado legislar en todos los sectores las condiciones de las OP, y ahí las cooperativas tendremos un importante trabajo por delante, para aclarar este y otros aspectos y, sobre todo, para aprovechar estas organizaciones de cara a la intercooperación y concentración de actividades de las cooperativas y socios.
Desarrollo rural
Es muy positivo que haya compatibilidad de los Programas de Desarrollo Rural regionales y un Programa de Desarrollo Rural Nacional y que se haya acordado dotar financieramente el programa nacional, de manera que con él se pueda soportar las medidas de la Ley de Integración Cooperativa. En este aspecto no podemos más que alegrarnos de tener el instrumento y además tener los fondos.
También en desarrollo rural se ha acordado a nivel español instaurar un mecanismo de flexibilización y transferencia de fondos entre Programas de Desarrollo Rural Regionales, para evitar la pérdida de fondos, con lo que por fin se dará solución a la irracional situación que había hasta el momento, por la que si una autonomía no gastaba sus fondos, ninguna otra los podía ejecutar y gastar.
Un hito histórico
Asimismo, nos congratula constatar que el Congreso ha aprobado la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa, impulsado por el ministro Miguel Arias Cañete y con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, totalmente en línea con nuestra filosofía de un modelo cooperativo empresarial, rentable, competitivo, profesionalizado, generador de valor y con una dimensión relevante.
Esta ley es un hito histórico y, sin duda, un espaldarazo al papel de las cooperativas en el sector agroalimentario, pero dado que solo tendrá alcance en el ámbito supra autonómico, necesita el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, desarrollando legislación propia y en la misma dirección que la elaborada por el Ministerio, para establecer un marco legal regional, con suficiente presupuesto, que nos permita desarrollar ese modelo empresarial competitivo en nuestra región.
 

La falta de oferta pesa en las exportaciones de mostos

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Tabla en pdf adjunto.
Las exportaciones de mostos y zumos de uva españoles durante los primeros cinco meses (enero-mayo) del ejercicio 2013 ascendieron a 96,1 millones de euros, lo que supone un retroceso del 5,72% en comparación con el mismo periodo del año precedente, según datos de la Asociación Empresarial de Transformadores, Comercializadores y Exportadores de Mostos y Zumos de Uva (Aemzu), por un lado, y de la Agrupación de Productores de Mostos y Zumos de Uva de Castilla-La Mancha (Azumancha), por otro.

Luz verde a la Ley de mejora de la cadena alimentaria

 Publicado el por Vicent Escamilla (colaborador)

Texto legal completo en pdf adjunto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 17 de julio, aprobó el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. El objetivo de la norma es equilibrar las “claras asimetrías” existentes en el poder de negociación dentro de la cadena alimentaria y que, en ocasiones, derivan en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales. La ley busca la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a las relaciones comerciales entre todos los operadores de la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios. No obstante, quedan excluidas las entregas de producto que se realicen a cooperativas agroalimentarias o entidades asociativas, por parte de los socios de las mismas. Sin embargo, serán también operaciones comerciales sujetas a lo dispuesto en la ley, las que se realicen entre operadores de la cadena agroalimentaria en los procesos de envasado, transformación o acopio.
Para lograr sus objetivos, la norma se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios. Así, la ley regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena.
Con dichos contratos, que se formalizarán antes del inicio de las prestaciones, se persigue garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. En ellos se deberán incorporar los elementos esenciales de los mismos, como la identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones y duración, pactados libremente por las partes.
Prácticas abusivas
En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, la ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación.
Además, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos (riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o la financiación parcial de una promoción comercial). Estos supuestos deberán ser pactados e incluso expresamente incluidos en el contrato.
En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a un operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Sobre la gestión de marcas, la norma establece la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal.
Código de Buenas Prácticas
El título tercero de la ley aborda las buenas prácticas en la contratación alimentaria. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y las organizaciones y asociaciones de ámbito superior al de una comunidad autónoma, representativas de los operadores de la producción, la industria o la distribución, acordarán un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. También participarán en el citado acuerdo el Ministerio de Economía y Competitividad y las CC.AA., con el objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio del Estado. Este código, que será de adhesión voluntaria, establecerá los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena alimentaria.
Al mismo tiempo, la norma prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsado por los propios operadores de la cadena, que también podrían inscribirse en el Registro Estatal.
Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como sus causas.
Con carácter anual, el Observatorio elaborará un informe de evaluación de los avances registrados y los resultados logrados en la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y de la eficacia de las actuaciones desarrolladas, que será remitido a las Cortes Generales.
Infracciones y sanciones
La norma recoge también un régimen sancionador. Como infracciones en materia de contratación alimentaria en su nivel leve identifica las siguientes:
a) No formalizar por escrito los contratos alimentarios a los que se refiere esta ley.
b) No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos alimentarios.
c) No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de subastas electrónicas.
d) Incumplir las obligaciones de conservación de documentos.
e) Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén expresamente pactadas por las partes.
f) Exigir pagos adicionales, sobre el precio pactado en el contrato, salvo en los supuestos previstos en esta ley.
g) Exigir o revelar información comercial sensible de otros operadores, que haya sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para fines distintos a los expresamente pactados en el contrato.
h) Incumplir la obligación de suministrar la información que le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.
Tendrán la consideración de infracciones graves la reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves en el plazo de dos años y el incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales. Se considera infracción muy grave la reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de dos años. Las sanciones previstas ante estas infracciones oscilan entre un máximo de 3.000 euros, en el caso de las leves, hasta el millón de euros, en el de las muy graves.
La norma establece un control administrativo. En este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, a partir de la actual Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), tal y como ha venido publicando SeVi. La nueva agencia desempeñará funciones relativas al control del cumplimiento de la ley y de información y control de los mercados oleícolas, del sector lácteo y la de aquellos otros que se determinen reglamentariamente. La ley entrará en vigor a los cinco meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
 

Ministerio y CC.AA. acuerdan no sumar los 142,75 M€ de pago único al Programa de Apoyo 2014-2018

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

////// AMPLIACIÓN ////// Tablas en pdf adjunto.
El Ministerio de Agricultura (Magrama) y las comunidades autónomas se reunieron los pasados 24 y 25 de julio en Conferencia Sectorial extraordinaria para abordar el modelo de aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020. A pesar de que se logró un acuerdo de consenso sobre algunos de los puntos de la próxima PAC, se dejaron abiertos otros muchos asuntos importantes (agricultor activo, zonas con limitaciones naturales, ayudas acopladas, aplicación de la convergencia interna, desarrollo rural, etc.).
Sin embargo, sí se adoptaron decisiones en dos puntos clave que afectan directamente al sector vitivinícola. Por un lado, Ministerio y CC.AA. acordaron que el importe de casi 142,75 millones de euros, que se destinó en su día en el actual Programa de Apoyo (PAN) al sector dentro del régimen de pago único, se incorpore de forma definitiva al nuevo Régimen de Pago Básico (RPB). Esto significa que finalmente dicho importe no se sumará a los fondos previstos para financiar las medidas del nuevo Programa de Apoyo 2014-2018 (reestructuración, promoción, inversiones y destilación de subproductos), como esperaba parte del sector.

Modificación del Reglamento (CE) nº 555/2008 en lo que respecta a los programas nacionales de ayuda y los intercambios comerciales con terce

 Publicado el por

Reglamento completo en pdf adjunto.
La Comisión Euroepa a publicado el Reglamento de Ejecución nº752/2013, de 31 de julio, que modifica el Reglamento (CE) n o 555/2008 en lo que respecta a los programas nacionales de ayuda y los intercambios comerciales con terceros países en el sector vitivinícola.

Queda modificado como sigue:
1) En la sección 1 del capítulo II del título II, se añade el artículo 5 bis siguiente:
<<Artículo 5 bis
Costes subvencionables
1. Los costes de personal sufragados por el beneficiario a que se refiere el artículo 4 se considerarán admisibles si se producen en el marco para la preparación, ejecución o seguimiento
del proyecto de promoción concreto que recibe la ayuda, incluida la evaluación. Esto incluye los costes del personal contratado por el beneficiario, en particular con ocasión del proyecto de promoción, y los costes correspondientes
a la proporción de las horas de trabajo invertidas en el proyecto de promoción por personal permanente del beneficiario.
Los Estados miembros solo aceptarán la admisibilidad de los costes de personal si los beneficiarios presentan documentos justificativos, que expongan los detalles del trabajo realmente efectuado en relación con el proyecto de promoción concreto
que recibe la ayuda.
2. Los gastos generales sufragados por el beneficiario únicamente
se considerarán subvencionables si:
a) están relacionadas con la preparación, ejecución o el seguimiento
del proyecto, y
b) no sobrepasan el 4 % de los costes reales de la ejecución de los proyectos.
Los Estados miembros podrán decidir si esos gastos generales
son subvencionables sobre la base de un importe a tanto alzado o sobre la base de la presentación de los documentos justificativos. En este último caso, el cálculo de los costes se basará en los principios, normas y métodos contables habituales
del país del beneficiario.».