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Hogan no se plantea cambiar la actual legislación UE sobre el uso de sacarosa en vinificación

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, el irlandés Phil Hogan, en los últimos meses de su mandato que concluirá el próximo otoño, no se plantea añadir más problemas a los que ya tiene con la reforma de la Política Agraria Común (PAC) post-2020. En una respuesta escrita al eurodiputado del PPE, José Ignacio Salafranca, en relación a la utilización de sacarosa en vinificación, volvió a remitirse, sin más ni más, a lo que la actual reglamentación comunitaria recoge, sin plantear, ni plantearse iniciativa propia alguna para animar su revisión.

Así, insiste en enumerar la sacarosa como uno de los azúcares autorizados para enriquecer (en grado alcohólico) uva fresca, mosto de uva parcialmente fermentado, vino nuevo en proceso de fermentación y mosto de uva, señalando, por tanto, “que dicho uso es una práctica enológica autorizada en virtud de la legislación europea”. En concreto, del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios.

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El Gobierno quiere una modelo de mediación de ‘obligatoriedad mitigada’

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 11 de enero, a propuesta del Ministerio de Justicia, al anteproyecto de ley de impulso de la Mediación, con la que se pretende implantar de forma definitiva la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución extra-judicial de conflictos en los ámbitos civil y mercantil de una forma más ágil y con un menor coste económico y personal para las partes.

El impulso de la mediación busca también descongestionar la carga de trabajo de los juzgados y acortar así los tiempos de respuesta de la Justicia.

En concreto, la nueva regulación supera el modelo de mediación actualmente vigente, basado en su carácter exclusivamente voluntario, por el denominado de “obligatoriedad mitigada”. Este nuevo modelo obligaría a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias.

Esta sesión sería conducida por un mediador y estará dirigida a explorar tanto el asunto objeto de controversia, como el posicionamiento inicial de las partes, que recibirán información clara y precisa del procedimiento, de la dinámica de trabajo que se seguirá en caso de que finalmente se acuerde continuar la medición y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro y costes.

Menor coste

Según el Ministerio de Justicia, en la mediación no se requiere abogado, ni procurador, y el coste económico de recurrir a un mediador se estima muy inferior al que incurrirían las partes si optaran por la vía judicial. La obligación de intentar la mediación se extiende a los casos civiles más comunes, como pequeñas reclamaciones de cantidad, herencias o asuntos de familia.

En el anteproyecto de ley se establece también una mediación extra-judicial, que tendrá lugar cuando el juez o tribunal, una vez analizado el caso, considere que una forma alternativa al juicio puede resultar más satisfactoria entre las partes, siempre y cuando no se hubiera producido un intento de mediación con carácter previo al inicio del proceso. Se opta por no suspender el curso del proceso judicial.

Para actuar como mediador, apunta este departamento, será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Institución de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia, o en los registros habilitados para tal fin por las comunidades autónomas.

El anteproyecto de ley de impulso de la Mediación introduce reformas en tres normas: la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; la ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para incorporar la mediación entre sus servicios.

Entraría en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para asegurar un margen temporal suficiente para la adaptación reglamentaria y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales.

La UE completa la legislación sobre D.O.P./I.G.P.s y términos tradicionales vitivinícolas, su etiquetado y presentación

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

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El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el pasado viernes 11 de enero dos importantes Reglamentos de la Comisión Europea que vienen a completar la  actual normativa en materia de denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas y términos tradicionales, así como de etiquetado y presentación en el sector vitivinícola.

En concreto, (ver archivos adjuntos, para suscriptores) se trata del Reglamento delegado (UE) 2019/33 de la Comisión de 17 de octubre de 2018 y del Reglamento de ejecución (UE)  2019/34 de la Comisión, que completan lo regulado en este ámbito en el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

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Se aproximan momentos importantes

 Publicado el por Salvador Manjón (colaborador)

La publicación de los datos del Infovi correspondientes al mes de noviembre (fecha de extracción 10 de enero 2019), en el que se incluyen los productores de menos de 1.000 hectolitros de producción media; arroja una producción de 49.196.089 hl para la cosecha 2018/19, de los que 44.406.173 son de vino y 4.789.916 de mosto sin concentrar (los 96.460 hl de concentrados, rectificados y parcialmente fermentados, no se incluyen).

Una cosecha superior un 38,6% a la de la campaña 2017/18 y un 11,5% por encima de la media de las últimas cinco campañas. Con unas existencias de vino (productores >1.000 hl) un 17,24% superiores a las de final de noviembre de 2017. Lo que vendría a corroborar con datos la gran sensación de paralización que se respiraba en el mercado en esos momentos y que todavía hoy se arrastra.

Y aunque ni las cifras deberían sorprendernos mucho, ya que desde estas mismas páginas se había venido adelantando una cosecha que estaría rondando los cuarenta y ocho millones de hectolitros (47.723.607 hl fue el pronóstico que publicamos en nuestro extraordinario de vendimias); ni las informaciones que venimos publicando cada semana sobre la situación de los mercados, muestra ni la más mínima discordancia con esta situación de paralización, la preocupación entre los operadores se va agravando ante la falta de reacción del mercado y la nominalidad de unas cotizaciones que muestran escasa capacidad de reacción.

De momento, los llamamientos a la calma que se emiten desde todos los estamentos y organizaciones, profesionales y empresariales, están consiguiendo concienciar a los operadores de la necesidad de mantenerse firmes en sus pretensiones; ya que las verdaderas razones de la paralización no se encuentran en las cuestiones crematísticas, sino en el exceso de oferta existente en el mercado, ante la recuperación de las cosechas de los principales países productores.

¿Hasta dónde serán capaces de resistir? Es una pregunta que todos se hacen y para la que nadie parece tener respuesta. Y aunque la concienciación de que bajar los precios no es solución, todos temen el momento en el que alguno lo haga y dónde sitúe la cotización.

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Más burocracia y menos información

 Publicado el por Salvador Manjón (colaborador)

Es de suponer que cuando se modifican los procedimientos y se exige una mayor información es para que los datos facilitados sean precisamente eso: información. Cumpliendo los dos requisitos básicos que a los que cualquier información se debe: fiabilidad y actualidad.

Que el segundo requisito no se cumple con los datos del Infovi (los publicados esta semana se corresponden con el mes de noviembre) es bastante evidente en una sociedad que camina hacia la dominación absoluta del Big Data. Tener que esperar mes y medio a conocer lo que los operadores han tenido que declarar informáticamente no parece de recibo para un sector que se muestra extraordinariamente sensible a la información en su actividad comercial.

Con la desaparición de las declaraciones de producción y las manifestaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura comprometiéndose a una información actualizada que ayudase a aportar transparencia al mercado, pensábamos que todo sería más ágil. Craso error. Con el nuevo sistema no solo no hemos conseguido tener la información antes, sino que su propia estructura, diferenciando a los productores de menos de mil hectolitros del resto, ha resultado un foco de confusión e inexactitud sobre la información que manejamos en varios momentos de la campaña.

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