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El Magrama publica la ‘Guía del Seguro Agrario 2013’

 Publicado el por SeVi (colaborador)

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), ha publicado la Guía del Seguro Agrario 2013’, como herramienta para dar a conocer el Sistema Español de Seguros Agrarios y facilitar la información de todas las producciones y riesgos asegurables.
La guía podrá consultarse en formato papel o descargarla en pdf en www.enesa.es/publicaciones. La versión web se ha diseñado de forma dinámica y se encuentra adaptada a la mayor parte de los navegadores de ordenadores, tabletas y teléfonos móviles.
Esta publicación, así como la página web de Enesa, ofrecen información actualizada sobre todas las líneas de seguro y de los porcentajes de subvención al coste del seguro agrario. Es una vía para obtener información sobre cualquier aspecto relacionado con el seguro agrario con el objetivo, entre otros, de favorecer la confianza en el Sistema Español de Seguros Agrarios.
Como todos los años, el Ministerio subvenciona los seguros agrarios, afianzando el apoyo a este sistema como herramienta útil para la gestión de los riesgos ante las adversidades climáticas, los accidentes y enfermedades ganaderas y otros riesgos de la naturaleza a los que está expuesta su actividad.
Enesa continúa con la labor de fomento y divulgación de los seguros agrarios y pone a disposición de todos los ciudadanos toda la información relativa a seguros agrarios (rendimientos, subvenciones y tomadores, entre otras) en www.enesa.es

IVIM e Intermosto desaparecen del Registro General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales, presidido por la secretaria general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Isabel García Tejerina, aprobó en su reunión del pasado 26 de julio revocar el reconocimiento y la inscripción en el Registro General de OIAs de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Vino de Mesa, incluido el Vino de Mesa con Indicación Geográfica de la Tierra y el Vino de Mesa con Indicación Geográfica (IVIM) y la Organización Interprofesional Agroalimentaria de los Mostos y Zumos de Uva (Intermosto), por falta de actividad durante los últimos cinco años.
El sector vitivinícola español se queda así sobre el papel sin OIAs de ámbito estatal, tras no haber sido capaz de ponerlas realmente en marcha, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 258 de 27 de octubre en sendas órdenes ministeriales de 28 de septiembre de 2008.

La cara y cruz de la reforma de la PAC

 Publicado el por José Luis (Director de Cooperativas Agro-alimentarias CLM) (colaborador)

En el momento de escribir este artículo (31 de julio), acaba de hacerse público el acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Agricultura entre CC.AA. y Ministerio para la aplicación de la reforma de la PAC en España, si bien quedan pendientes por definir importantes temas en los que no ha habido compromiso y que pueden tener suma importancia en el resultado final, especialmente en los ámbitos de los pagos directos y el desarrollo rural. Con la posibilidad de sorpresas, de lo que queda por concretar, podemos ya ver la cara y la cruz de esta reforma.
La cara nos habla de novedades y posibilidades que ofrecen el desarrollo rural y la Organización Común de Mercados Única para la integración y desarrollo de las cooperativas; y en la cruz está la contención de cualquier mejora en el régimen de las ayudas directas, ya que teniendo un modelo francamente mejorable, vamos a emplear mucho tiempo y dinero para crear un sistema que intente dejarlas igual y a perder una oportunidad que solo pasa por nuestra puerta una vez cada siete años.
En lo que concierne a la cruz, todos nos felicitábamos de las conclusiones contenidas en la comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo, titulada “La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentarios”, en la que se establecía que la débil presencia de los productores en la cadena de valor era la causa fundamental de su continuada pérdida de renta.
Buenos diagnósticos, pero ineficaces tratamientos, haciendo un símil médico. Dos años después, donde dije “digo”, digo “Diego”. Y en España, salvo por los que entendemos que la verdadera política agraria debe tener como fin la mejora constante del sector agroalimentario (no confundiéndola con el mero reparto presupuestario), el objetivo de la mayoría de las administraciones, incluso de organizaciones agrarias, ha sido, textualmente, “minimizar los efectos de la convergencia interna de las ayudas y evitar transferencias de importes entre agricultores, ganaderos y territorios”.
No es que desde Cooperativas tengamos el objetivo de que haya trasvases, pero sí de que se mejore la situación actual en el reparto de ayudas. Si el principio que guía las decisiones es, fundamentalmente, garantizar la actual situación, es muy difícil obtener mejoras sustanciales, desaprovechando una nueva oportunidad de evolución.
Retroceso en el sector del vino
Finalizando con los pagos directos, y por la relevancia del sector vitivinícola en nuestra región, consideramos que no ayudará a su mejora el que se haya acordado transferir, de forma definitiva, los 142,749 M€ del programa de apoyo al vino al régimen de pagos directos. Empleamos un presupuesto que se podía dedicar a cambiar las estructuras para incrementar en un porcentaje ínfimo los derechos de pago básico en toda España. Además, ahora que se abre la promoción del vino a países miembros de la UE, se necesitarán más fondos para promoción, y no todo lo contrario. Nuevamente, ha primado en los responsables “dar pescado, antes que enseñar y ayudar a pescar”.
Afortunadamente, “no solo de ayudas directas vive la PAC”, y en esta mesa de tres patas hay dos que creemos mejoran la situación actual: la OCM única y el desarrollo rural. Aunque tendremos que estar preparados para solventar ciertos “peligros” de nuevos instrumentos, que bien usados pueden propiciar mejoras, pero que si no se utilizan adecuadamente pueden traer al sector agrario regional grandes inconvenientes y distorsiones. Así ocurre con las Organizaciones de Productores (OP) y las atribuciones que se les otorgan.
Organizaciones de Productores
Estas OP pueden realizar ciertas actuaciones en caso de perturbaciones graves de mercado. Además, pueden generar extensiones de norma para que todo el sector de un área determinada realice contribuciones económicas para una serie de fines e incluso se establece que los acuerdos entre agricultores, asociaciones de agricultores y Organizaciones de Productores estarán exentas de las normas de competencia en temas de producción, venta de producto, almacenamiento o transformación (no fijación de precios). Esto abre un abanico de posibilidades de mejora.
Desgraciadamente, no se ha incorporado que las OP tengan que concentrar oferta y comercializar. El Ministerio ha acordado legislar en todos los sectores las condiciones de las OP, y ahí las cooperativas tendremos un importante trabajo por delante, para aclarar este y otros aspectos y, sobre todo, para aprovechar estas organizaciones de cara a la intercooperación y concentración de actividades de las cooperativas y socios.
Desarrollo rural
Es muy positivo que haya compatibilidad de los Programas de Desarrollo Rural regionales y un Programa de Desarrollo Rural Nacional y que se haya acordado dotar financieramente el programa nacional, de manera que con él se pueda soportar las medidas de la Ley de Integración Cooperativa. En este aspecto no podemos más que alegrarnos de tener el instrumento y además tener los fondos.
También en desarrollo rural se ha acordado a nivel español instaurar un mecanismo de flexibilización y transferencia de fondos entre Programas de Desarrollo Rural Regionales, para evitar la pérdida de fondos, con lo que por fin se dará solución a la irracional situación que había hasta el momento, por la que si una autonomía no gastaba sus fondos, ninguna otra los podía ejecutar y gastar.
Un hito histórico
Asimismo, nos congratula constatar que el Congreso ha aprobado la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa, impulsado por el ministro Miguel Arias Cañete y con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, totalmente en línea con nuestra filosofía de un modelo cooperativo empresarial, rentable, competitivo, profesionalizado, generador de valor y con una dimensión relevante.
Esta ley es un hito histórico y, sin duda, un espaldarazo al papel de las cooperativas en el sector agroalimentario, pero dado que solo tendrá alcance en el ámbito supra autonómico, necesita el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, desarrollando legislación propia y en la misma dirección que la elaborada por el Ministerio, para establecer un marco legal regional, con suficiente presupuesto, que nos permita desarrollar ese modelo empresarial competitivo en nuestra región.
 

La falta de oferta pesa en las exportaciones de mostos

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Tabla en pdf adjunto.
Las exportaciones de mostos y zumos de uva españoles durante los primeros cinco meses (enero-mayo) del ejercicio 2013 ascendieron a 96,1 millones de euros, lo que supone un retroceso del 5,72% en comparación con el mismo periodo del año precedente, según datos de la Asociación Empresarial de Transformadores, Comercializadores y Exportadores de Mostos y Zumos de Uva (Aemzu), por un lado, y de la Agrupación de Productores de Mostos y Zumos de Uva de Castilla-La Mancha (Azumancha), por otro.

Luz verde a la Ley de mejora de la cadena alimentaria

 Publicado el por Vicent Escamilla (colaborador)

Texto legal completo en pdf adjunto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 17 de julio, aprobó el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. El objetivo de la norma es equilibrar las “claras asimetrías” existentes en el poder de negociación dentro de la cadena alimentaria y que, en ocasiones, derivan en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales. La ley busca la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a las relaciones comerciales entre todos los operadores de la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios. No obstante, quedan excluidas las entregas de producto que se realicen a cooperativas agroalimentarias o entidades asociativas, por parte de los socios de las mismas. Sin embargo, serán también operaciones comerciales sujetas a lo dispuesto en la ley, las que se realicen entre operadores de la cadena agroalimentaria en los procesos de envasado, transformación o acopio.
Para lograr sus objetivos, la norma se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios. Así, la ley regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena.
Con dichos contratos, que se formalizarán antes del inicio de las prestaciones, se persigue garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. En ellos se deberán incorporar los elementos esenciales de los mismos, como la identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones y duración, pactados libremente por las partes.
Prácticas abusivas
En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, la ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación.
Además, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos (riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o la financiación parcial de una promoción comercial). Estos supuestos deberán ser pactados e incluso expresamente incluidos en el contrato.
En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a un operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Sobre la gestión de marcas, la norma establece la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal.
Código de Buenas Prácticas
El título tercero de la ley aborda las buenas prácticas en la contratación alimentaria. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y las organizaciones y asociaciones de ámbito superior al de una comunidad autónoma, representativas de los operadores de la producción, la industria o la distribución, acordarán un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. También participarán en el citado acuerdo el Ministerio de Economía y Competitividad y las CC.AA., con el objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio del Estado. Este código, que será de adhesión voluntaria, establecerá los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena alimentaria.
Al mismo tiempo, la norma prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsado por los propios operadores de la cadena, que también podrían inscribirse en el Registro Estatal.
Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como sus causas.
Con carácter anual, el Observatorio elaborará un informe de evaluación de los avances registrados y los resultados logrados en la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y de la eficacia de las actuaciones desarrolladas, que será remitido a las Cortes Generales.
Infracciones y sanciones
La norma recoge también un régimen sancionador. Como infracciones en materia de contratación alimentaria en su nivel leve identifica las siguientes:
a) No formalizar por escrito los contratos alimentarios a los que se refiere esta ley.
b) No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos alimentarios.
c) No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de subastas electrónicas.
d) Incumplir las obligaciones de conservación de documentos.
e) Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén expresamente pactadas por las partes.
f) Exigir pagos adicionales, sobre el precio pactado en el contrato, salvo en los supuestos previstos en esta ley.
g) Exigir o revelar información comercial sensible de otros operadores, que haya sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para fines distintos a los expresamente pactados en el contrato.
h) Incumplir la obligación de suministrar la información que le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.
Tendrán la consideración de infracciones graves la reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves en el plazo de dos años y el incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales. Se considera infracción muy grave la reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de dos años. Las sanciones previstas ante estas infracciones oscilan entre un máximo de 3.000 euros, en el caso de las leves, hasta el millón de euros, en el de las muy graves.
La norma establece un control administrativo. En este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, a partir de la actual Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), tal y como ha venido publicando SeVi. La nueva agencia desempeñará funciones relativas al control del cumplimiento de la ley y de información y control de los mercados oleícolas, del sector lácteo y la de aquellos otros que se determinen reglamentariamente. La ley entrará en vigor a los cinco meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).