Aprueban la Ley de fomento de la integración cooperativa

 Publicado el Por Vicent Escamilla

Texto legal completo en pdf adjunto.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de julio la Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, con el respaldo de la gran mayoría de los grupos políticos del parlamento, lo que supone un fuerte impulso y avance hacia un nuevo modelo cooperativo en España. El objetivo es que un sector (el cooperativo), caracterizado por su atomización, ejecute medidas que fomenten la integración y la creación de grupos comercializadores de base cooperativa y asociativa, con implantación y ámbito de actuación superior incluso al de una única comunidad autónoma. De esta manera, el Gobierno espera incrementar la competitividad, el redimensionamiento, la modernización y la internacionalización de las cooperativas.
En España, el asociacionismo agrario en general, y las cooperativas en particular, contribuyen a la vertebración del territorio al dar continuidad a la actividad agraria, con lo que fomentan el empleo rural y el desarrollo económico y social de las zonas rurales.
En concreto, España cuenta con cerca de 4.000 entidades y más de un millón de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012, dando empleo directo a cerca de 100.000 trabajadores. Aproximadamente, el 11,5% de las cooperativas agrarias se dedican al sector vitivinícola, unas 460, con una facturación cercana a los 1.000 M€, más del 5% de la facturación total de las cooperativas españolas. Estas entidades suponen un 77% de la producción de vino del país, pero solo representan el 21% de su comercialización.
Entidad asociativa prioritaria
La nueva ley establece la figura de la entidad asociativa prioritaria de ámbito supraautonómico, con suficiente capacidad y dimensión, para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de estas entidades.
Para que una entidad asociativa pueda tener la consideración de prioritaria deberá ser sociedad cooperativa, cooperativa de segundo grado, grupo cooperativo, sociedad agraria de transformación, organización de productores o entidad civil o mercantil, siempre que más del 50% de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación; tener una implantación y un ámbito de actuación supraautonómico, llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las entidades que la compongan y, entre otros requisitos, que en sus estatutos o disposiciones conste expresamente la obligación de los productores de entregar la totalidad de su producción para su comercialización en común.
Las entidades interesadas deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) el reconocimiento oficial como entidad asociativa prioritaria. Queda por definir el procedimiento reglamentario para esta solicitud y la forma y las condiciones en que se deba acreditar el mantenimiento de los requisitos para ser reconocida y las consecuencias de la pérdida de este estatus. El Magrama creará un Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias.
Ventajas
Las entidades asociativas prioritarias podrán tener preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar la gestión y la comercialización; en el acceso a actividades formativas; en materia de internacionalización, de promoción y de I+D+i; en acceso a líneas ICO de financiación preferente, así como en actuaciones dentro de los Programas de Desarrollo Rural (PDRs), entre otras. Asimismo, los productores que forman parte de ellas también tendrán ventaja en la concesión de subvenciones y ayudas.
Plan estatal
Otro de los instrumentos que ofrece la ley es la articulación de un Plan Estatal de Integración Asociativa, para coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las Comunidades Autónomas, en colaboración con el sector, con el fin de aunar esfuerzos y eliminar las medidas que puedan conducir a la dispersión de la oferta. Se presentará en la Conferencia Sectorial. Según el texto aprobado, el Gobierno presentará el primer plan en un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, la nueva norma introduce modificaciones en la Ley de Cooperativas de 1999 y la Ley sobre régimen fiscal de las Cooperativas de 1990, dirigidas a contribuir y facilitar el desarrollo cooperativo en España, mediante la ampliación de sus fines y actividades. En el caso de la primera referencia citada, entre otros puntos, se reforma su artículo sexto con el objetivo de mejorar la definición de las clases de cooperativas agrarias para adaptarla a su realidad económica y social, que ahora pasarán a denominarse “agroalimentarias”. Una nueva denominación que venía siendo reclamada por la totalidad del sector. Además, hay modificaciones que resaltan la actuación de las cooperativas agroalimentarias en el entorno territorial y social de su ubicación.
Por lo que respecta a los cambios en la Ley de 1990 sobre el régimen fiscal, se elimina la referencia a las personas físicas, ya obsoleta en el contexto actual y que generaba no pocos problemas para la transmisión generacional de las explotaciones en gestión cooperativa y que era un obstáculo para la generación de grupos cooperativos.


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