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MAPA y OIVE estudian una batería de medidas para mejorar la estabilidad del mercado vitivinícola

 Publicado el por SeVi (colaborador)

A finales de julio, la Junta Directiva de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) se reunió para fijar una hoja de ruta que recoge diversas medidas que buscan dotar de “estabilidad” y “mejora de la calidad” en el sector vitivinícola en nuestro país. Estas medidas se analizaron junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que valoró la iniciativa y se ha comprometido a trabajar con el sector en los próximos meses. 

OIVE lleva trabajando meses con sus organizaciones miembro en una hoja de ruta con actuaciones para dotar de mayor estabilidad y calidad a toda la cadena de valor del vino, algunas contempladas en la Orden AAA 806/2019 de extensión de norma para las próximas 5 campañas vitivinícolas.

Las actuaciones que se están contemplando se refieren, en su mayoría, a productos sin D.O.P./I.G.P. que deben ser implementadas por la Administración, en caso de necesidad o desequilibrios puntuales de mercado, o bien requieren emisión de normativa o cambios legislativos. Otras actuaciones podrán ser abordadas directamente por la OIVE en el marco de la herramienta de la extensión de norma.

Según explica la Interprofesional, entre las medidas propuestas se recoge, entre otras, la emisión de normas de calidad para los vinos sin D.O.P./I.G.P., que fijen los requisitos mínimos de ciertos parámetros de calidad para uva y vino, así como el control y limitación de rendimientos de viñedo; la puesta en marcha de normas de comercialización para aplicar en situaciones de fuerte desequilibrio, al amparo de los artículos 167 y 216 de la OCM única, en base a escenarios predeterminados y de forma transparente; y un plan de control reforzado en todos los eslabones de la cadena.

Al respecto, desde el MAPA amplían que se estudiará la elaboración de una propuesta de norma de calidad para la uva de vinificación, sobre la base de “las propuestas que realice el sector”. Dicha norma podrá incluir requisitos mínimos en materia de calidad de la uva como el contenido máximo de ácido glucónico, graduación mínima, rendimientos máximos por hectárea, entre otros, con el objetivo final de mejorar la calidad de los vinos.

De manera adicional se trabajará con el sector para la puesta a punto de una medida de regulación que permitiría retirar del mercado una “determinada cantidad de vino sin indicación geográfica y de características concretas”. La retirada del mercado se produciría cuando la oferta de vino fuera “muy superior a las necesidades del mercado”. La medida debe basarse en parámetros “objetivos, transparentes y conocidos de antemano por los operadores del sector”. Según el Ministerio, para diseñar la medida, se elaborarán modelos econométricos que permitan hacer predicciones del impacto que sobre el mercado tendrían determinados supuestos de volúmenes sujetos a la medida. Sobre la base de estos modelos se fijarán de manera anticipada y transparente los posibles escenarios desencadenantes, así como los volúmenes que, en cada uno de los casos, podrían ser susceptibles de regulación con garantía de competencia leal.

Finalmente, está previsto reforzar las medidas de control en materia de contenido alcohólico de los subproductos de vinificación, a través de los planes de control establecidos por Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en coordinación con las Comunidades Autónomas.

A juicio de OIVE, el sector vitivinícola español “está sujeto a grandes variabilidades, no solo por la producción propia, sino por la evolución del mercado y la situación en los países productores competidores”. Por tanto, considera “necesario” contar con herramientas que permitan al sector ser más competitivo, mediante el fomento de la estabilidad y la calidad para lograr una “mejor adecuación de la oferta en origen a las demandas de los mercados, siempre con el máximo respeto a las normas de competencia”. Estas actuaciones se unen a las que OIVE viene desarrollando desde finales de 2016, tanto del lado de la oferta como de la demanda.

Circular de Coordinación nº 27/2019. Plan nacional de control de la medida de destilación de subproductos en aplicación del RD 1363/2018

 Publicado el por SeVi (colaborador)

El FEGA ha publicado la Circular de Coordinación nº 27/2019. Plan nacional de control de la medida de destilación de subproductos en aplicación del Real Decreto 1363/2018. La circular tiene como objetivo garantizar una aplicación armonizada de la reglamentación comunitaria y de la normativa básica de desarrollo de competencia estatal, así como la igualdad de tratamiento entre los posibles solicitantes de la ayuda a la destilación de subproductos y beneficiarios de la misma.

El documento completo puede descargarse aquí.

Unión de Uniones considera que la campaña de vino no debería tener especiales problemas “salvo que se provoquen artificialmente”

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La sectorial vitivinícola de Unión de Uniones, tras analizar los datos y previsiones para la presente campaña vitivinícola considera que no debería haber especiales problemas “salvo que se creen artificialmente”, ya que una cosecha media-corta tanto a nivel nacional como en la UE y el buen ritmo de salidas, debería compensar los stocks de inicio de campaña superiores a años anteriores. La organización reclama una acción inspectora rigurosa para acabar con las irregularidades que lastran su funcionamiento.

Según los datos barajados por Unión de Uniones, la sequía y diversos episodios graves de pedrisco, pueden dejar una vendimia del orden de los 39-40 millones de hectolitros a nivel nacional, que es una cosecha casi un 20% por debajo de la anterior y aproximadamente un 6% inferior a la media de los cinco años anteriores. Los otros dos principales países de la UE tampoco tienen buenas producciones. En el caso de Francia estaría en el entorno de los 43 millones de hectolitros, inferior a su media de los últimos años si se descuenta la excepcionalmente mala del 17. También Italia volvería a sus niveles medios de alrededor de 49-50 millones de hectolitros y, en definitiva, todo ello dejaría la cosecha europea en valores de unos 165 millones de hectolitros.

Esta producción moderada debería compensar un alto nivel de existencias que, efectivamente, son superiores a los habituales y que a finales de junio se situaban en 41,8 millones de hectolitros, aunque desde la sectorial se ha apuntado que la cifra se reducirá en el enlace de campaña de manera significativa por las salidas de vino, que se han acelerado durante julio y se podrían reducir hasta los 36-37 millones de hectolitros.

Unión de Uniones considera que, en consecuencia, no debe ser la 2019/2020 una campaña especialmente problemática, “salvo que artificialmente se busque crear problemas”. En este sentido a Unión de Uniones le llama poderosamente la atención los anuncios que, incluso desde algunas organizaciones agrarias, se han hecho de “ruinosas” caídas del precio de la uva o de que se va a llegar a unos “precios hundidos” y considera que no juegan en favor de los intereses de los viticultores, sino todo lo contrario.

“Es innegable que en el vino sin indicación geográfica tenemos desequilibrios del mercado”, apuntan desde la organización, “pero no se debe andar jugando a culpabilizar de ello y penalizar a los viticultores que se han visto empujados a intentar hacer sus explotaciones más competitivas, mientras no se erradiquen prácticas irregulares que pesan sobre el mercado y se meta mano de verdad al mal funcionamiento de la cadena alimentaria”.

Vigilancia sobre los contratos

La organización, en respuesta a un escrito remitido en días pasados a la AICA ha sido informada de que el “Programa de controles in situ” de la Agencia se iniciará en la última semana de agosto con objeto de comprobar a pie de bodega tanto la existencia de contratos, como que estos reúnen los requisitos mínimos exigidos por la Ley 12/2013. La AICA hará especial hincapié en el precio, comprobando las entregas para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

Unión de Uniones recuerda también que debe respetarse el pago en el plazo de 30 días desde la finalización de la entrega de la uva, tal y como obliga la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad, y que solo en el caso de que uvas que pueden destinarse a vinos acogidos a figuras geográficas o de calidad, se puede aplazar hasta la validación de la cosecha el sobreprecio que pueda corresponder si la producción es calificada.

El sector arrastra el peso de las prácticas irregulares

Ante determinadas tramas de fraude en el sector del alcohol puestas en evidencia en los medios de comunicación, Unión de Uniones reclama de las Administraciones “todo el rigor” en la aplicación del protocolo del Plan Coordinado de Control Oficial de Alcohol y Destilados de Origen Vínico impulsado por el Ministerio y que tendrán que poner en marcha por primera vez en esta campaña las Comunidades Autónomas.

“Se está intentando inventar la pólvora para regular el mercado, cuando lo primero que hay que hacer es limpiar la suciedad de debajo de la alfombra”, han declarado desde la organización. Unión de Uniones maneja datos de las campañas recientes del sector alcoholero que reflejarían un descuadre del balance de entre 28 y 30 millones de litros de alcohol puro, resultado de la diferencia entre unas entradas por destilación de 20-21 millones de litros más 8-10 de importaciones y unas salidas por uso interno de unos 12 millones de litros más unas exportaciones del orden de 48 millones de litros. El descuadre del balance equivaldría a cerca de 3 millones de hectolitros de vino. “Hay circulando en el mercado un volumen de alcohol que pesa como una losa”, manifiestan desde Unión de Uniones, “porque es el equivalente a los 3 millones de hectolitros de vino que están ahí y no se sabe de dónde salen, más otros 3 millones de hectolitros de vino que deberían haber ido a alcohol y no se han usado”.

La organización ha mantenido contactos con el Ministerio de Agricultura para plantear este asunto, así como una parte del sector alcoholero. “Hay industriales que hacen las cosas bien y que están siendo tan perjudicados como nosotros por esta situación”. Unión de Uniones va a seguir insistiendo en que “se meta mano de una vez” a este tema y ha solicitado reuniones con las Comunidades Autónomas encargadas de la aplicación del Plan de Control para hacer un seguimiento de sus resultados.

Guía para la justificación de gastos de la ayuda a la promoción del vino en terceros países (solicitudes 2019 - pagos FEAGA 2020 y sigs.)

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El FEGA ha publicado la Guía para la justificación de gastos de la ayuda a la promoción del vino en terceros países (solicitudes 2019 - pagos FEAGA 2020 y siguientes), elaborada por la Subdirección General de Regulación de Mercados del FEGA, responsable de la coordinación de la gestión y del control del pago de estas ayudas, con el objetivo de orientar a los perceptores de la ayuda en el cumplimiento de sus responsabilidades de cara a la adecuada justificación de los gastos subvencionables.

El documento puede descargarse aquí.

Arranca la vendimia 2019 y con ella la polémica por los precios de la uva

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Desde finales de julio se dieron los primeros trabajos puntuales de la vendimia 2019 en las zonas más tempraneras de España. Quince días después, a mediados de agosto empezaron los cortes de racimos para la producción destinada a elaborar cavas. Al mismo tiempo que las tijeras desprendían el racimo de la vid, crecía la (¿primera?) polémica por los precios de las uvas en esta campaña.

Unas protestas que tuvieron su epicentro en la comarca del Penedès, pero que también han tenido réplicas en otras zonas productoras de cava, como Extremadura o la C. Valenciana. En tierras catalanas, los viticultores señalaban que los precios de las uvas a los que las mayores bodegas pretenden pagar la materia prima en esta vendimia suponían un recorte de entre el 28% y el 33% de la cotización precedente. “Se habla de valores similares a los de hace 20 años”, señalaba el sindicato agrario JARC.

“Las empresas que más uva compran han iniciado una deriva egoísta e insolidaria que no responde a la estrategia impulsada por el C.R.D.O.P. Cava para prestigiar la marca”, denunciaban los productores. El Incavi también tomó partido por la rama productora y señaló que las bodegas “no pueden resolver sus problemas de rentabilidad a base de pagar menos precio por la uva a los viticultores”.

De hecho, al cierre de estas líneas había convocada una huelga para el próximo 5 de septiembre en la que no cosecharán uva ni entregarán pedidos a las bodegas. Para tratar de desbloquear la situación, también está en la agenda una reunión para hoy, 22 de agosto, entre el Incavi, el Departament d’Agricultura y los viticultores.

Otras voces que se han levantado contra esta política de precios han sido las que han salido desde la asociación de elaboradores de espumosos Corpinnat, que abandonaron la D.O.P. Cava. Esta asociación privada califica el recorte de precios de “unilateral” y pidió a las bodegas elaboradoras de cava mantener la política de precios de años anteriores y no dejarse llevar por la oferta a la baja de los “grandes productores”.

Uno de esos grandes del cava, como Freixenet (Henkell-Freixenet) manifestó, según indicaron las organizaciones agrarias tras una reunión con la firma el 20 de agosto, su rechazo a incrementar los precios.

Más allá de Cataluña

Como hemos señalado, la cuestión de precios de la uva para cava también ha sido objeto de análisis y polémica en Extremadura. Así, por ejemplo, el presidente de COAG Extremadura, Juan Moreno, denunciaba al inicio de la vendimia que mientras que los precios de las variedades para cava en Cataluña se encontraban en 350 y 380 euros por tonelada, en Almendralejo las cotizaciones apuntaban a 200 euros/tonelada, prácticamente la mitad.

También en la C. Valenciana hay descontento y las organizaciones agrarias lamentan que las uvas para cava se estén pagando por debajo de los costes de producción. Así, CCPV-COAG, la industria alega que existen excedentes de cava “y por ello plantea pagar entre 30 y 35 céntimos el kilo de uva para esta campaña en Requena, lo que supone una bajada de un tercio respecto al años pasado, cuando osciló entre los 40 y los 45 céntimos. En opinión de AVA-Asaja, esta bajada de precios prevista “hundiría las cotizaciones a mínimos históricos”.