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Cadas 7 Días 01-04-20

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Agrupada por regiones vitícolas, en esta sección se localiza la información que concierne al viñedo acontecida en la semana previa al cierre de nuestra edición. Desde la Región Gallega a la Andaluza, del Duero, Alto Ebro, Levante o Canarias, el lector localiza aquí el dato especializado...

Cada 7 Días 25-03-20

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Agrupada por regiones vitícolas, en esta sección se localiza la información que concierne al viñedo acontecida en la semana previa al cierre de nuestra edición. Desde la Región Gallega a la Andaluza, del Duero, Alto Ebro, Levante o Canarias, el lector localiza aquí el dato especializado...

Los agentes sociales de la industria de alimentación y bebidas solicitan al Gobierno nuevas medidas para seguir garantizando su actividad

 Publicado el por SeVi (colaborador)

La Comisión de Asuntos Laborales de la Industria de Alimentación y Bebidas, integrada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), UGT FICA y CCOO-Industria, han mostrado su preocupación ante la profundidad que está alcanzando la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y la posibilidad de que se produzca una recesión económica grave y sostenida a escala global, con las peores consecuencias sobre el empleo y la economía en nuestro país y en el resto del mundo.

La Industria Española de Alimentos y Bebidas es el primer sector industrial del país y un agente estratégico económico y social que emplea a más de medio millón de trabajadores a través de más 30.000 empresas, en su mayoría pymes. Los agentes sociales miran con inquietud las repercusiones de esta crisis sobre esta industria, uno de los pilares de la sociedad española que en estos momentos redobla sus esfuerzos para garantizar a los consumidores el suministro de una oferta amplia y variada, garantizando la seguridad y calidad de sus productos.

“A pesar de la emergencia, la actividad del sector alimentario no se detiene ni se detendrá en la coyuntura actual, por lo que agradecemos el esfuerzo y ejemplaridad de los trabajadores del sector,” han manifestado. Por esta razón, tanto empresarios como asociaciones sindicales consideran necesario el apoyo de las autoridades para continuar realizando una labor que es esencial y estratégica.

La Comisión ha valorado positivamente muchas de las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno de España, como la propuesta de activar la cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y el establecimiento de un Plan de Inversiones Corona, entre otros. Sin embargo, han solicitado mayores esfuerzos para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y mayor apoyo económico a las empresas con el objetivo de mantener su actividad y empleo presente y futuro.

De esta manera, y en línea con las reivindicaciones de sus homólogos europeos, FIAB, UGT FICA y CCOO-Industria instan a las autoridades a estudiar las siguientes consideraciones:

1. Reconocer el papel esencial de las personas trabajadoras del sector. Toda la industria y sus sectores auxiliares son esenciales para garantizar el abastecimiento a la población, por lo que instan al Gobierno a impulsar medidas de apoyo eficaces y con participación de los agentes sociales.

2. Protocolos armonizados y medidas para el abastecimiento de EPIS. La protección de la salud de las personas trabajadoras del sector alimentario debe ser una prioridad para garantizar la alimentación de la población en estos momentos. Así, se reclama unas directrices armonizadas para que las personas del sector alimentario puedan continuar su trabajo en condiciones de seguridad y salud.

Además, se solicita tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea poder garantizar el acceso a las empresas del sector a un sistema de compra centralizado para evitar la competencia desleal, y tener asegurada la distribución de material y equipos que permitan el desarrollo seguro de la actividad empresarial.

3. Apoyo a las empresas y personas trabajadoras. Ante el impacto del cierre del canal Horeca y en un sector compuesto en su mayoría por pymes, los agentes sociales solicitan una serie de medidas de emergencia globales para mantener los puestos de trabajo y la sostenibilidad de económica del sector y de la economía española.

Entre otras medidas, contemplan profundizar más en las ayudas estatales a las empresas, la utilización de otros fondos de la Unión Europea para ayudar a sus Estados Miembros, o garantizar el apoyo financiero y de ingresos para empresas, entre otras.

Los agentes sociales de la Industria de Alimentación y Bebidas también han expresado su solidaridad con las familias afectadas por el coronavirus y con los profesionales de la salud, agradeciendo por su esfuerzo, compromiso y dedicación para combatirlo.

Los viticultores tenían aún 10.532 ha de derechos sin convertir en autorizaciones de plantación de viñedo al final de 2018/19

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

Los titulares de explotaciones vitivinícolas contaban aún a 31 de julio de 2019, final de la campaña 2018/19, con un total de 10.532 hectáreas de superficie con derecho a plantación sin convertir en autorizaciones, inscritos en el Registro Vitícola de cada Comunidad Autónoma, con cupos anualizados de amortización hasta finales del año 2023.

Como es conocido, desde el 1 de enero de 2016 el régimen de derechos de plantación de viñedo, que permitía un mercado de compra-venta de los mismos entre particulares, se sustituyó por el sistema de autorizaciones administrativas de plantación de viñedo, cuya duración está prevista hasta el 31 de diciembre de 2023, aunque el Parlamento Europeo ya aprobó en su día una propuesta para incorporar en la futura reforma de la PAC para prorrogarlo al menos hasta 2030, con el fin de controlar la producción, adaptándola a la demanda, y evitar la generación de posibles excedentes difícilmente comercializables.

Con el sistema actual de autorizaciones de plantación de viñedo, el potencial vitícola, que sumaba 995.626 hectáreas a finales de la campaña anterior, estaba compuesto principalmente por la superficie plantada de viñedo, con 950.079 ha (95,4% del potencial vitícola total); por derechos que aún están en manos de los titulares y que no se habían transformado en esa fecha (31 de julio de 2019) en autorizaciones, con 10.532 ha (1,06%); por las resoluciones de arranque de viñedo, concedidas y no incluidas en una autorización de replantación concedida, con 14.756 ha (1,48%) y, por último, por los tres tipos de autorizaciones existentes: las provenientes del arranque de superficie vitícola para replantación (9.152 ha), las que tienen su origen en conversiones de derechos de plantación de viñedo del sistema anterior (1.908 ha) y las autorizaciones de nueva plantación de viñedo (9.199 ha) que se otorgan cada año.

Potencial productivo

De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Agricultura, el potencial productivo vitícola a 31 de julio de 2019 disminuyó en 1.012 hectáreas, un 0,11% respecto al que había en la misma fecha del año anterior. Desde la campaña 2000/01 a la 2018/19, el potencial vitícola experimentó un descenso de 220.381 hectáreas, reduciéndose en todas las CC.AA., salvo en La Rioja, Galicia, Baleares, País Vasco y Cantabria, y sobre todo en la primera Comunidad productora, como Castilla-La Mancha, donde bajó en 93.500 hectáreas (42,4% del total reducido, seguido de la Comunidad Valenciana (-10,1%), Región de Murcia (-10%) y Extremadura (-9,18%).

En relación a los derechos de plantación en vigor, que figuraban inscritos en el Registro Vitícola a 31 de diciembre de 2015, Castilla-La Mancha es la que cuenta con mayor superficie no convertida en autorizaciones, con un 39,5% del total y 4.165 hectáreas, seguido de Aragón, con un 11,4% y 1.201 ha; la Comunidad Valenciana, con un 10% y 1.056 ha y Cataluña, con un 9,5% y que roza el millar de hectáreas, tal y como se observa en el cuadro adjunto.

Derechos existentes inscritos en el Registro Vitícola sin convertir en autorizaciones a 31 de julio de 2019

CC.AA.

Superficie total (ha) de derechos

(%) s/total

Andalucía

942

8,9%

Aragón

1.201

11,4%

P. de Asturias

0

0%

Illes Baleares

31

0,3%

Cantabria

1

0%

Castilla-La Mancha

4.165

39,5%

Castilla y León

226

2,1%

Cataluña

998

9,5%

Extremadura

385

3,7%

Galicia

109

1,0%

Com. de Madrid

120

1,1%

Región de Murcia

702

6,7%

C. Foral de Navarra

404

3,8%

País Vasco

49

0,5%

La Rioja

142

1,3%

Com. Valenciana

1.056

10,0%

Total nacional

10.532

100,0%

Fuente: Registro Vitícola de las CC.AA.

Estos derechos de plantación tienen una vigencia temporal para su conversión en autorizaciones que, de no cumplirse, se pierde, amortizándose la misma. Así, el próximo 31 de julio de 2020 caducaban un total de 2.029 hectáreas de superficie de viñedo, un 19,3% del total de los derechos vigentes.

El 31 de julio de 2021 caducan 1.577 ha (15% de los vigentes aún); un año después, otras 1.686 ha (16%), y el 31 de julio de 2023, unas 3.537 ha (33,6%), quedando un resto de 1.703 ha (16,2%) que estiraban aún si vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023, tal y como queda reflejado en el cuadro adjunto.

Derechos de plantación de viñedo inscritos en el Registro Vitícola hasta 31 de diciembre de 2015, sin convertir en autorizaciones de plantación a 31 de julio de 2019

Derechos existentes a 31 de julio de 2019 por fecha de caducidad (ha)

CC.AA.

Hasta 31 de julio
de 2020

Hasta 31 de julio
de 2021

Hasta 31 de julio
de 2022

Hasta 31 de julio
de 2023

Hasta 31
de diciembre
de 2023

Andalucía

427

137

64

153

162

Aragón

228

236

229

452

56

P. de Asturias

0

0

0

0

0

Illes Baleares

4

4

1

1

21

Cantabria

0

0

0

0

1

Castilla-La Mancha

541

647

744

1.324

909

Castilla y León

46

41

27

66

47

Cataluña

190

188

195

300

124

Extremadura

47

37

47

253

0

Galicia

31

29

16

33

0

Com. de Madrid

21

20

37

42

0

Región de Murcia

84

39

83

438

58

C. Foral de Navarra

114

55

66

96

74

País Vasco

48

0

0

0

1

La Rioja

24

20

27

36

36

Com. Valenciana

225

126

148

343

214

Total nacional

2.029

1.577

1.686

3.537

1.703

(%) Total periodo

19,3%

15,0%

16,0%

33,6%

16,2%

Fuente: Registro Vitícola de las CC.AA.

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La Semana Vitivinícola ha decidido, además, dado su compromiso con la información, ofrecer en abierto sus noticias mientras dure el estado de alarma nacional propiciado por la pandemia de coronavirus. Nuestros suscriptores seguirán disfrutando, en exclusiva, del acceso a las revistas en PDF y la información de Mercados.

 

Declarada causa de fuerza mayor la no ejecución de los programas de promoción del vino del PASVE 2020 por el Covid-19

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

 (photo: )

Las Autoridades Competentes gestoras de la medida de promoción del vino (es decir, las CC.AA.) han declarado motivo de causa de fuerza mayor la no ejecución de algunas de las actividades de los programas de la medida de promoción del vino en los países afectados por el Covid-19, es decir, prácticamente en todos, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el European Centre for Disease Prevention and Control, agencia de Unión Europea.

Este acuerdo de la Comisión Nacional de Selección de Programas se aplicará a los programas de promoción del ejercicio FEAGA 2020, es decir, el que está actualmente en ejecución y, en concreto, a las actividades previstas desde el 31 de enero hasta la finalización del estado de alarma y la reapertura de las fronteras exteriores tanto nacionales, como en los países de destino.

La argumentación central para adoptar esta medida es que la pandemia del Covid-19 está teniendo un impacto negativo en todos los programas de promoción del vino de España en terceros países, debido a los efectos directos de cierre de fronteras y a las restricciones en el movimiento de personas y mercancías.

En tales circunstancias excepcionales está más que justificada la aplicación de medidas inmediatas para salvaguardar los efectos negativos en los que se están viendo sometidos los beneficiarios de los programas y las consecuencias de no poder llevar a cabo el programa en su totalidad, aplicables a todos los mercados de destino.

No se descarta, incluso, que este ámbito de aplicación pueda verse ampliado a los nuevos programas del ejercicio FEAGA 2021 (que se inicia el próximo 16 de octubre), si las circunstancias de los mercados se ven alteradas, tras la reapertura de fronteras.

No obstante, los beneficiarios de un programa de promoción del vino en curso, afectado por las circunstancias de fuerza mayor, podrán presentar ante las autoridades competentes una notificación de las modificaciones significativas de su programa, aunque esta suponga un cambio de la puntuación otorgada inicialmente a dicho programa.

Las modificaciones no requerirán la aprobación previa de la autoridad competente, pero el beneficiario declarará acogerse a la causa de fuerza mayor y justificará las mismas, en base a la aportación de medios de prueba documentales, que den soporte a la no ejecución o aplazamiento del programa.

De forma general, la notificación por escrito a la autoridad competente de estos cambios se deberá realizar antes de concluir la ejecución del programa, es decir, antes del 30 de abril o, posteriormente, según el tiempo de duración del estado de alarma. Aunque, la Comunidad podrá también fijar otra fecha, que como muy tarde llegaría hasta el momento de la solicitud de pago, es decir, hasta el 31 de mayo, o posterior según la duración del estado de alarma.

No ejecución de avales

A los efectos del cálculo del grado de ejecución, las CC.AA. no tendrán en cuenta las actividades que no se hayan ejecutado, siempre que estén acogidas a la causa de fuerza mayor y, por tanto, tampoco procederá a la ejecución total de la garantía o aval presentado de buena ejecución.

Es más, los programas que hayan sido objeto de modificación, debido a la fuerza mayor, podrán optar a la resolución complementaria recogida en el artículo 11, apartado 4 del RD 1363/2018.

Asimismo, los anticipos de ayuda solicitados y admitidos que no se hayan abonado, podrán, de oficio o a instancia del beneficiario, recalcularse de acuerdo con la ejecución real de los programas afectados por razones de fuerza mayor, con el fin de que no se sobrepase el límite del 80% (artículo 14 del RD 1363/2018).

En cualquier caso, las acciones no ejecutadas en su totalidad, debido a las situaciones de causa de fuerza mayor, que hayan concurrido en gastos previos a su ejecución final, no reembolsables, podrán ser abonadas como parte de las actividades subvencionables. Para ello, deberán aportar las pruebas documentales necesarias para su justificación y el presupuesto de dichos gastos no deberá haber sido anulado en la modificación presentada, como consecuencia de las causas de fuerza mayor.

Las CC.AA. (autoridades competentes gestoras de la medida de promoción de vinos en terceros países) y el propio sector vitivinícola ya habían trasladado en su día al Ministerio de Agricultura la problemática que se suscitaba ante las situaciones planteadas por los beneficiarios de estos programas, ante la imposibilidad de llevar a cabo ciertas acciones en condiciones poco óptimas de éxito, contrarias a las previstas.

Decisión nacional

A su vez, el MAPA trasladó la consulta a la Comisión Europea, en el ámbito del Comité de Gestión de la Medida de la OCM del Vino, que informó que las declaraciones de “fuerza mayor” o “circunstancias excepcionales” se definían o se evaluaban por los propios Estados miembros y no por la UE, que son competentes para interpretar la situación teniendo en cuenta lo recogido en la Comunicación sobre fuerza mayor en el Derecho Agrario (C (88) 1696 (C 259 de 6 de octubre de 1988 del DOUE) y considerando número 5 del Reglamento (UE) nº 1306/2013.

Por último, fue en la Comisión Nacional de Programas donde las CC.AA. pidieron al MAPA que se gestionará un acuerdo entre todas las autoridades competentes para declarar la situación como causa de fuerza mayor y se adoptaran medidas para contrarrestar los efectos perjudiciales de la situación por la que estaban pasando los beneficiarios de los programas de promoción del vino en terceros países.

Hay que recordar, no obstante, como avanzó la SeVi, que la patronal vitivinícola del sector (FEV) había ya traslado al Ministerio de Agricultura otras propuestas adicionales para que, por esta causa de fuerza mayor debido al Covid-19, no se perdieran fondos presupuestarios en las medidas de los programas nacionales de apoyo.

En concreto, sobre la posibilidad de elevar el presupuesto en el ejercicio FEAGA siguiente para que pudieran incluirse todas las actividades no ejecutadas en el programa anterior, o para hacer uso del presupuesto de ayuda no utilizado en el actual ejercicio, con el fin de que no pudiera perderse e invertirlo en el siguiente.

Esta petición habría sido trasladada por el MAPA a Bruselas para que se haga extensiva a todos los Estados miembros, que también se ven afectados en mayor o menor grado por estas circunstancias extraordinarias de fuerza mayor debido a la propagación mundial de la crisis sanitaria del coronavirus.

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