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Aprueban la Ley de fomento de la integración cooperativa

 Publicado el por Vicent Escamilla (colaborador)

Texto legal completo en pdf adjunto.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de julio la Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, con el respaldo de la gran mayoría de los grupos políticos del parlamento, lo que supone un fuerte impulso y avance hacia un nuevo modelo cooperativo en España. El objetivo es que un sector (el cooperativo), caracterizado por su atomización, ejecute medidas que fomenten la integración y la creación de grupos comercializadores de base cooperativa y asociativa, con implantación y ámbito de actuación superior incluso al de una única comunidad autónoma. De esta manera, el Gobierno espera incrementar la competitividad, el redimensionamiento, la modernización y la internacionalización de las cooperativas.
En España, el asociacionismo agrario en general, y las cooperativas en particular, contribuyen a la vertebración del territorio al dar continuidad a la actividad agraria, con lo que fomentan el empleo rural y el desarrollo económico y social de las zonas rurales.
En concreto, España cuenta con cerca de 4.000 entidades y más de un millón de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012, dando empleo directo a cerca de 100.000 trabajadores. Aproximadamente, el 11,5% de las cooperativas agrarias se dedican al sector vitivinícola, unas 460, con una facturación cercana a los 1.000 M€, más del 5% de la facturación total de las cooperativas españolas. Estas entidades suponen un 77% de la producción de vino del país, pero solo representan el 21% de su comercialización.
Entidad asociativa prioritaria
La nueva ley establece la figura de la entidad asociativa prioritaria de ámbito supraautonómico, con suficiente capacidad y dimensión, para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de estas entidades.
Para que una entidad asociativa pueda tener la consideración de prioritaria deberá ser sociedad cooperativa, cooperativa de segundo grado, grupo cooperativo, sociedad agraria de transformación, organización de productores o entidad civil o mercantil, siempre que más del 50% de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación; tener una implantación y un ámbito de actuación supraautonómico, llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las entidades que la compongan y, entre otros requisitos, que en sus estatutos o disposiciones conste expresamente la obligación de los productores de entregar la totalidad de su producción para su comercialización en común.
Las entidades interesadas deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) el reconocimiento oficial como entidad asociativa prioritaria. Queda por definir el procedimiento reglamentario para esta solicitud y la forma y las condiciones en que se deba acreditar el mantenimiento de los requisitos para ser reconocida y las consecuencias de la pérdida de este estatus. El Magrama creará un Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias.
Ventajas
Las entidades asociativas prioritarias podrán tener preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar la gestión y la comercialización; en el acceso a actividades formativas; en materia de internacionalización, de promoción y de I+D+i; en acceso a líneas ICO de financiación preferente, así como en actuaciones dentro de los Programas de Desarrollo Rural (PDRs), entre otras. Asimismo, los productores que forman parte de ellas también tendrán ventaja en la concesión de subvenciones y ayudas.
Plan estatal
Otro de los instrumentos que ofrece la ley es la articulación de un Plan Estatal de Integración Asociativa, para coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las Comunidades Autónomas, en colaboración con el sector, con el fin de aunar esfuerzos y eliminar las medidas que puedan conducir a la dispersión de la oferta. Se presentará en la Conferencia Sectorial. Según el texto aprobado, el Gobierno presentará el primer plan en un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, la nueva norma introduce modificaciones en la Ley de Cooperativas de 1999 y la Ley sobre régimen fiscal de las Cooperativas de 1990, dirigidas a contribuir y facilitar el desarrollo cooperativo en España, mediante la ampliación de sus fines y actividades. En el caso de la primera referencia citada, entre otros puntos, se reforma su artículo sexto con el objetivo de mejorar la definición de las clases de cooperativas agrarias para adaptarla a su realidad económica y social, que ahora pasarán a denominarse “agroalimentarias”. Una nueva denominación que venía siendo reclamada por la totalidad del sector. Además, hay modificaciones que resaltan la actuación de las cooperativas agroalimentarias en el entorno territorial y social de su ubicación.
Por lo que respecta a los cambios en la Ley de 1990 sobre el régimen fiscal, se elimina la referencia a las personas físicas, ya obsoleta en el contexto actual y que generaba no pocos problemas para la transmisión generacional de las explotaciones en gestión cooperativa y que era un obstáculo para la generación de grupos cooperativos.

Luz verde a la Ley de mejora de la cadena alimentaria

 Publicado el por Vicent Escamilla (colaborador)

Texto legal completo en pdf adjunto.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 17 de julio, aprobó el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. El objetivo de la norma es equilibrar las “claras asimetrías” existentes en el poder de negociación dentro de la cadena alimentaria y que, en ocasiones, derivan en una falta de transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales potencialmente desleales. La ley busca la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a las relaciones comerciales entre todos los operadores de la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios. No obstante, quedan excluidas las entregas de producto que se realicen a cooperativas agroalimentarias o entidades asociativas, por parte de los socios de las mismas. Sin embargo, serán también operaciones comerciales sujetas a lo dispuesto en la ley, las que se realicen entre operadores de la cadena agroalimentaria en los procesos de envasado, transformación o acopio.
Para lograr sus objetivos, la norma se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios. Así, la ley regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena.
Con dichos contratos, que se formalizarán antes del inicio de las prestaciones, se persigue garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. En ellos se deberán incorporar los elementos esenciales de los mismos, como la identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones y duración, pactados libremente por las partes.
Prácticas abusivas
En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, la ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación.
Además, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos (riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o la financiación parcial de una promoción comercial). Estos supuestos deberán ser pactados e incluso expresamente incluidos en el contrato.
En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a un operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Sobre la gestión de marcas, la norma establece la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal.
Código de Buenas Prácticas
El título tercero de la ley aborda las buenas prácticas en la contratación alimentaria. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y las organizaciones y asociaciones de ámbito superior al de una comunidad autónoma, representativas de los operadores de la producción, la industria o la distribución, acordarán un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. También participarán en el citado acuerdo el Ministerio de Economía y Competitividad y las CC.AA., con el objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio del Estado. Este código, que será de adhesión voluntaria, establecerá los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena alimentaria.
Al mismo tiempo, la norma prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsado por los propios operadores de la cadena, que también podrían inscribirse en el Registro Estatal.
Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como sus causas.
Con carácter anual, el Observatorio elaborará un informe de evaluación de los avances registrados y los resultados logrados en la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y de la eficacia de las actuaciones desarrolladas, que será remitido a las Cortes Generales.
Infracciones y sanciones
La norma recoge también un régimen sancionador. Como infracciones en materia de contratación alimentaria en su nivel leve identifica las siguientes:
a) No formalizar por escrito los contratos alimentarios a los que se refiere esta ley.
b) No incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos alimentarios.
c) No cumplir las condiciones y requisitos establecidos para la realización de subastas electrónicas.
d) Incumplir las obligaciones de conservación de documentos.
e) Realizar modificaciones de las condiciones contractuales que no estén expresamente pactadas por las partes.
f) Exigir pagos adicionales, sobre el precio pactado en el contrato, salvo en los supuestos previstos en esta ley.
g) Exigir o revelar información comercial sensible de otros operadores, que haya sido obtenida en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, incumpliendo el deber de confidencialidad, así como utilizar dicha información para fines distintos a los expresamente pactados en el contrato.
h) Incumplir la obligación de suministrar la información que le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.
Tendrán la consideración de infracciones graves la reincidencia por la comisión de dos o más infracciones leves en el plazo de dos años y el incumplimiento de los plazos de pago en las operaciones comerciales. Se considera infracción muy grave la reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de dos años. Las sanciones previstas ante estas infracciones oscilan entre un máximo de 3.000 euros, en el caso de las leves, hasta el millón de euros, en el de las muy graves.
La norma establece un control administrativo. En este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, a partir de la actual Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), tal y como ha venido publicando SeVi. La nueva agencia desempeñará funciones relativas al control del cumplimiento de la ley y de información y control de los mercados oleícolas, del sector lácteo y la de aquellos otros que se determinen reglamentariamente. La ley entrará en vigor a los cinco meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
 

Ministerio y CC.AA. acuerdan no sumar los 142,75 M€ de pago único al Programa de Apoyo 2014-2018

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

////// AMPLIACIÓN ////// Tablas en pdf adjunto.
El Ministerio de Agricultura (Magrama) y las comunidades autónomas se reunieron los pasados 24 y 25 de julio en Conferencia Sectorial extraordinaria para abordar el modelo de aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020. A pesar de que se logró un acuerdo de consenso sobre algunos de los puntos de la próxima PAC, se dejaron abiertos otros muchos asuntos importantes (agricultor activo, zonas con limitaciones naturales, ayudas acopladas, aplicación de la convergencia interna, desarrollo rural, etc.).
Sin embargo, sí se adoptaron decisiones en dos puntos clave que afectan directamente al sector vitivinícola. Por un lado, Ministerio y CC.AA. acordaron que el importe de casi 142,75 millones de euros, que se destinó en su día en el actual Programa de Apoyo (PAN) al sector dentro del régimen de pago único, se incorpore de forma definitiva al nuevo Régimen de Pago Básico (RPB). Esto significa que finalmente dicho importe no se sumará a los fondos previstos para financiar las medidas del nuevo Programa de Apoyo 2014-2018 (reestructuración, promoción, inversiones y destilación de subproductos), como esperaba parte del sector.

La falta de oferta pesa en las exportaciones de mostos

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Tabla en pdf adjunto.
Las exportaciones de mostos y zumos de uva españoles durante los primeros cinco meses (enero-mayo) del ejercicio 2013 ascendieron a 96,1 millones de euros, lo que supone un retroceso del 5,72% en comparación con el mismo periodo del año precedente, según datos de la Asociación Empresarial de Transformadores, Comercializadores y Exportadores de Mostos y Zumos de Uva (Aemzu), por un lado, y de la Agrupación de Productores de Mostos y Zumos de Uva de Castilla-La Mancha (Azumancha), por otro.

IVIM e Intermosto desaparecen del Registro General de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

El Consejo General de Organizaciones Interprofesionales, presidido por la secretaria general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Isabel García Tejerina, aprobó en su reunión del pasado 26 de julio revocar el reconocimiento y la inscripción en el Registro General de OIAs de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Vino de Mesa, incluido el Vino de Mesa con Indicación Geográfica de la Tierra y el Vino de Mesa con Indicación Geográfica (IVIM) y la Organización Interprofesional Agroalimentaria de los Mostos y Zumos de Uva (Intermosto), por falta de actividad durante los últimos cinco años.
El sector vitivinícola español se queda así sobre el papel sin OIAs de ámbito estatal, tras no haber sido capaz de ponerlas realmente en marcha, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 258 de 27 de octubre en sendas órdenes ministeriales de 28 de septiembre de 2008.