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La AICA amplía al 31 de enero de 2016 el plazo para las declaraciones obligatorias de vino y mosto

 Publicado el por SeVi (colaborador)

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La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha vuelto a informar sobre el retraso en la presentación de las declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola. El plazo anterior, que concluía el 31 de diciembre, se vuelve a posponer, de tal forma que nuevo plazo para realizar las declaraciones de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y también diciembre, así como para llevar a cabo la primera declaración cuatrimestral de la actual campaña 2015/16, es hasta el próximo 31 de enero. Asimismo, el organismo indica en su página web que a esa fecha de 31 de enero se cerrarán las declaraciones de los meses de agosto, septiembre y octubre.

La AICA informa, en todo caso, que está disponible la aplicación informática y que los operadores pueden realizar sus declaraciones, poniendo a su disposición ante cualquier duda o aclaración los teléfonos 91 322 53 83/ 91 322 54 46 y el correo electrónico del Centro de Atención al Usuario (CAU) cau_infovi@magrama.es

En todo caso, desde el Magrama se sigue manteniendo la recomendación de que aquellos operadores del sector que ya dispongan de sus claves respectivas declaren cuanto antes para que se pueda contar con información fiable lo más rápido posible.

Con estas declaraciones, la AICA pondrá cada mes a disposición del sector los informes sobre las declaraciones del mes anterior para que puedan ser consultados los datos agregados declarados en todo el territorio español y, de esta forma, cumplir con uno de los fines de la puesta en marcha del INFOVI, como es la mejora de la información sectorial.

Tribunal de Justicia de la UE rechaza que se pueda fijar un precio mínimo de venta por unidad de alcohol

 Publicado el por SeVi (colaborador)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) rechazó el pasado 23 de diciembre que pueda fijarse un precio mínimo de venta por unidad de alcohol, por lo que declaró ilegal según la normativa comunitaria una ley escocesa que establece esa medida, dirigida a incrementar el precio del alcohol para evitar su consumo excesivo. Según la sentencia emitida por esa corte, con sede en Luxemburgo, para perseguir el mismo objetivo pueden introducirse “medidas fiscales menos restrictivas”.

La corte examinó una pregunta prejudicial del Tribunal de apelación en materia de Derecho Civil de Escocia sobre si la ley en cuestión puede limitar la libre circulación de mercancías aun con el objetivo de proteger la salud, tras recibir una denuncia de la Asociación del Whisky Escocés y otras empresas del sector. En opinión de los demandantes, la ley escocesa restringe el comercio y es incompatible con el mercado único y falsea la competencia entre los distribuidores de bebidas alcohólicas.

El tribunal europeo destacó que el reglamento sobre la organización común del mercado del vino no se opone a la fijación de un precio mínimo por unidad de alcohol para la venta al por menor, ni que los Estados miembros apliquen normas nacionales que persigan un objetivo de interés general como el de la protección de la salud, siempre y cuando sean “proporcionales”. En cambio, consideró que la norma escocesa puede “obstaculizar el acceso al mercado británico de las bebidas alcohólicas procedentes de otros Estados miembros”.

“Aunque la fijación de un precio por unidad destinado a aumentar los precios de las bebidas alcohólicas baratas sea adecuada para reducir el consumo de alcohol, une práctica como la adoptada en Escocia no resulta justificada cuando puede protegerse la salud de una manera igualmente eficaz mediante medidas fiscales menos restrictivas”, apuntó el tribunal.

La asociación spiritsEUROPE, uno de las partes demandantes, celebró en un comunicado la sentencia. En la misma línea se manifestaron desde el Comité Europeo de Empresas Vitivinícolas (CEEV). Su secretario general, Ignacio Sánchez Recarte, señaló que “ya es hora” de sentarse a debatir y buscar “medidas eficaces para luchar contra el abuso del alcohol” y defendió el modelo del programa Wine in Moderation.

El riego en viñedo para vino crece un 25% en diez años

 Publicado el por Vicent Escamilla (colaborador)

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El análisis de los regadíos españoles del año 2015, en base a los datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) del pasado año, presentada por el Magrama, indica que el viñedo se mantiene como el tercer cultivo con mayor superficie de regadío, aunque a bastante distancia de los cultivos de cereales y del olivar.

Según los datos de 2015, el regadío en el viñedo total (tanto de transformación como para uva de mesa y de pasificación) alcanzó las 365.767 hectáreas, que representan un 10,06% del total de la superficie de cultivo de regadío en España, por delante de frutales no citrícolas y de los cítricos.

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Consumo de vino en hogares a octubre de 2015

 Publicado el por Vicent Escamilla (colaborador)

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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha hecho públicos los datos del panel de consumo alimentario a octubre de 2015, según los cuales, los hogares españoles consumieron en los diez primeros meses del año más de 415,58 millones de litros de vinos, bebidas derivadas del vino y elaboradas con vino, un 14,34% más que en el mismo periodo de 2014. Ese incremento también se ha visto traducido en una mayor inversión, pues el valor en el canal alimentación alcanzó los 825,46 millones de euros (con un alza del 7,34%).

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Cooperativas Agro-alimentarias pide que las nuevas autorizaciones de viñedo no rebasen el 0,25% de la superficie plantada

 Publicado el por Efe (colaborador)

Ángel Villafranca. (photo: )

Ángel Villafranca.

Cooperativas Agro-alimentarias defiende que el incremento de autorizaciones administrativas para plantar viñedos en España durante 2016 (al margen de lo que las Denominaciones de Origen puedan defender en sus zonas de influencia) se limite a un máximo del 0,25% de la superficie ya plantada “para evitar desequilibrios”.

Así lo explica en una entrevista con Efeagro el presidente de esta organización, Ángel Villafranca, en la que evalúa el nuevo sistema de autorizaciones que entrará en vigor en enero de 2016 y que sustituye al tradicional régimen de derechos de plantación.

Para poder obtener una autorización para plantar, la norma comunitaria establece ahora tres vías: por arranque de un viñedo; por reconversión de un derecho que tenga validez a 31 de diciembre de 2015; o bien a partir de un cupo que se pondrá a disposición anualmente y que será como máximo del 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior (“cláusula de salvaguarda”). En todo caso, habrá normas para la limitación de replantaciones o de nuevas plantaciones en D.O.P.s e I.G.P.s, y en otras zonas en función de las recomendaciones de las organizaciones profesionales.

"Entendemos que hay una nueva situación, pero también un volumen importante de potencial vitícola, es decir, de derechos que están en poder de los viticultores y que todavía no se han ejercido", por lo que "nosotros seríamos partidarios de ser muy prudentes en este primer año de aplicación" a la hora de autorizar nuevos viñedos.

De acuerdo con las Cooperativas, España tendrá que comunicar a Bruselas algún incremento porcentual del potencial productivo, ya que la Unión Europea (UE) no aceptaría una congelación. Villafranca recuerda que, con el sistema que entra en vigor en 2016, tanto en España como en los países de la UE se requerirá de una autorización administrativa del Estado para reponer el viñedo tradicional cuando cumpla su ciclo de vida. La Administración española, podrá aprobar por campaña hasta un 1% de autorizaciones de viñedo como máximo, con carácter general.

"A nadie del sector nos gusta el nuevo sistema", porque al eliminarse el viejo sistema de derechos "los viticultores pierden parte de su patrimonio histórico", apunta Villafranca. Los antiguos derechos podían comprarse y venderse, pero las nuevas autorizaciones no, lo que motiva el rechazo del agricultor. No obstante, reconoce que el nuevo régimen es "el menos malo" posible, ya que la Comisión Europea planteaba inicialmente una liberalización total, que podría haber generado fuertes desequilibrios, como en el lácteo tras el fin de las cuotas.

Entre los riesgos, apunta que, mientras habrá zonas que mantengan el equilibrio entre producción y comercialización, y precios rentables para agricultores y bodegas, otras pueden "desequilibrarse".

A su juicio, el 1% teórico de incremento de plantaciones que admitirá el Estado como máximo, calculado sobre la superficie total existente en España, se traduciría en 9.500 hectáreas de viñedo adicionales, una extensión que quizás pueda ser asumible si se plantan proporcionalmente en las distintas zonas, pero que generarían problemas si se concentran más en una comarca o región. En cuanto a cómo funcionará en la práctica el nuevo sistema, analiza así el escenario desde enero de 2016 y hasta 2020.

En el caso de que un agricultor tenga derechos históricos de plantación para los próximos años, deberá convertirlos en autorización administrativa; un trámite que realizará cuando haya decidido ejecutar la nueva plantación y siempre antes de la fecha de la caducidad del antiguo derecho.

Si el viticultor decide arrancar la parcela para sustituirla por otro viñedo, tendrá que comunicarlo en tiempo y forma a la Administración y solicitar la autorización pertinente para plantar en esa misma parcela o en otra, siempre de la misma explotación.

Pero, si el profesional quiere acometer nuevas plantaciones, se verá obligado a realizar la solicitud administrativa a su Comunidad Autónoma, con los límites que haya establecido el Estado y las prioridades que éste haya marcado (por ejemplo, la preferencia sobre los jóvenes agricultores).

Según las previsiones de las Cooperativas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá que difundir antes de 1 de febrero el volumen de autorizaciones que acepta, con el citado techo del 1% como máximo crecimiento de superficie posible.